Sobre las elecciones municipales en Francia

 Carta Semanal 1089 para descargar en PDF

Mientras en España se multiplican los análisis y las propuestas de “unidad de la izquierda” para las elecciones, en Francia, las elecciones municipales se han saldado con una abstención histórica y con un avance importante de la única fuerza con proyección de masas que presenta un programa de ruptura: la Francia Insumisa (LFI). Tras las elecciones, que se han visto precedidas y acompañadas de una potente campaña en los medios de comunicación contra LFI, esa campaña toma una nueva forma: los comentaristas a sueldo capital, defensores de las instituciones podridas de la V República, advierten de los peligros y las supuestas consecuencias de una alianza de las izquierdas institucionales con LFI. El líder del Partido Socialista Francés (PS), Olivier Faure, ha atribuido, también, la derrota de varios alcaldes socialistas a sus alianzas con esta formación, y ha llamado a reconstruir la unidad del bloque progresista junto a “aquellos que comprenden claramente los problemas y se niegan a seguir ciegamente el ruido y la furia” (debe referirse a aquellos que, como el PS, apoyan al gobierno del macronista Lecornu y se niegan a votar mociones de censura contra él). “Al afirmar que La France Insoumise es una máquina perdedora electoralmente –leemos en Informations Ouvrières, semanario del Partido Obrero Independiente de Francia (POI)- en realidad esperan mantener la alianza entre Macron y el Partido Socialista (PS), con el apoyo de la derecha y la Agrupación Nacional (RN). Esta es precisamente la alianza que LFI denunció sin cesar durante la campaña para las elecciones municipales”.

En esta Carta Semanal, partiendo de textos publicados en Informations Ouvrières, , compartimos algunas reflexiones sobre esas elecciones municipales.

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La población trabajadora necesita medidas reales para protegerla de las consecuencias de la guerra

Carta Semanal 1088 en catalán

Carta Semanal 1088 para descargar en PDF

La clase trabajadora empieza a sufrir en su vida cotidiana las consecuencias de la guerra desencadenada por los EEUU e Israel contra Irán: los combustibles han subido hasta un 20% en pocos días, y se prevén más subidas, y se anuncian incrementos de los precios de los alimentos y la energía. Todos ellos componentes que suponen buena parte de los gastos de las familias trabajadoras, especialmente las que sobreviven con salarios más bajos, y que ya llegan con enormes dificultades a fin de mes.

La inflación, además, puede desencadenar nuevas subidas de los tipos de interés y, con ellos, de los intereses de las hipotecas, lo que puede abrir paso a una nueva oleada de desahucios.

 Subidas debidas a la especulación

La clase trabajadora, expulsada de los centros de las ciudades –e, incluso, de las propias ciudades- por la especulación inmobiliaria y los pisos turísticos, depende en buena medida de sus vehículos particulares para ir a trabajar (ante la ausencia de una red eficiente y rápida de transporte público o por el deterioro y mal funcionamiento de la misma). La subida de los carburantes le supone una dificultad añadida para llegar a fin de mes. Una subida que se produce por el traslado inmediato al consumidor de la subida del petróleo, aunque el combustible que se vende ahora se compró hace meses a precios mucho más baratos. Pero las compañías distribuidoras de combustible aprovechan la ocasión para especular con los precios. Tiene razón Podemos al plantear, entre las medidas para hacer frente a la subida de precios, la nacionalización de Repsol.

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La población trabajadora necesita medidas reales para protegerla de las consecuencias de la guerra

Carta Semanal 1087 en catalán

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La clase trabajadora empieza a sufrir en su vida cotidiana las consecuencias de la guerra desencadenada por los EEUU e Israel contra Irán: los combustibles han subido hasta un 20% en pocos días, y se prevén más subidas, y se anuncian incrementos de los precios de los alimentos y la energía. Todos ellos componentes que suponen buena parte de los gastos de las familias trabajadoras, especialmente las que sobreviven con salarios más bajos, y que ya llegan con enormes dificultades a fin de mes.

La inflación, además, puede desencadenar nuevas subidas de los tipos de interés y, con ellos, de los intereses de las hipotecas, lo que puede abrir paso a una nueva oleada de desahucios.

Subidas debidas a la especulación

La clase trabajadora, expulsada de los centros de las ciudades –e, incluso, de las propias ciudades- por la especulación inmobiliaria y los pisos turísticos, depende en buena medida de sus vehículos particulares para ir a trabajar (ante la ausencia de una red eficiente y rápida de transporte público o por el deterioro y mal funcionamiento de la misma). La subida de los carburantes le supone una dificultad añadida para llegar a fin de mes. Una subida que se produce por el traslado inmediato al consumidor de la subida del petróleo, aunque el combustible que se vende ahora se compró hace meses a precios mucho más baratos. Pero las compañías distribuidoras de combustible aprovechan la ocasión para especular con los precios. Tiene razón Podemos al plantear, entre las medidas para hacer frente a la subida de precios, la nacionalización de Repsol.

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Bombardeo de Irán y Líbano. La Guerra: Una Necesidad para el Imperialismo

Carta Semanal 1086 en catalán

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Reproducimos en esta Carta Semanal un artículo aparecido en Informations Ouvrières, semanario del Partido Obrero Independiente de Francia.

Una vez más, las imágenes de bombardeos, destrucción, de hospitales y escuelas impactadas, muertos y heridos. Después de Gaza, es el turno de Irán y Líbano de sufrir un diluvio de fuego y hierro por parte del imperialismo.

El 2 de marzo, Trump y su secretario de Estado, Rubio, hicieron numerosas declaraciones intentando justificar los bombardeos de Irán. Según la prensa estadounidense y europea, las explicaciones fueron vagas y confusas. Rubio insistió en que la guerra no duraría mucho (aunque Trump había declarado que duraría de cuatro a cinco semanas), respondiendo así a la creciente preocupación del público estadounidense, que en gran medida discrepaba con la guerra en Irán.

Confusas o no, las explicaciones de Trump se reducen a una sola cuestión: la del orden mundial.

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Ante la incautación del petróleo venezolano, dejemos de lado las ilusiones y preparemos nuestra resistencia.

 Carta Semanal 1085 para descargar en PDF

Por un aumento salarial de emergencia, por una agenda que defienda los intereses de los trabajadores, la nación

Por: Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT)

El Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT), ante los recientes acontecimientos, realizamos las siguientes consideraciones: la agresión militar imperialista contra nuestra nación, que ha resultado en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, así como en la destrucción de infraestructuras civiles y militares y en la pérdida de numerosas vidas, consideramos que estos actos constituyen una violación del derecho internacional y un ataque a la soberanía de los Estados y a la autodeterminación de los pueblos. La ofensiva persiste, una presencia permanente de la CIA y de Francis L. Donovan máximo responsable militar estadounidense para América Latina sugiere que lo que está en juego no es solo la seguridad, sino un rediseño del equilibrio regional, la renovación de la orden ejecutiva de «emergencia nacional» emitida en el año 2015 por el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien declaró a Venezuela como una amenaza «inusual y extraordinaria» contra la seguridad nacional y la política exterior. Acompañada de amenazas de nuevos ataques en territorio venezolano y de un control sobre nuestros recursos petroleros, lo que implica la implementación de medidas de subordinación económica.

EEUU ha utilizado la fuerza para socavar la soberanía de Venezuela, llevándolo a una situación de dependencia. Esta política forma parte de una estrategia de seguridad que busca un control más amplio sobre el hemisferio, especialmente en el Caribe, y se emplea para intimidar a otros países de la región que no se alinean con los intereses estadounidenses.

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Ante las elecciones, lo que se necesita es un programa que atienda a las necesidades y reivindicaciones de la mayoría trabajadora

 Carta Semanal 1084 para descargar en PDF

Hay un debate abierto sobre las futuras elecciones y con qué candidaturas afrontarlas. Hay quienes insisten en la necesidad de candidaturas unitarias a toda costa, ante el peligro de que llegue un gobierno de la derecha y la ultraderecha.

En efecto el portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, y el diputado de Más Madrid Emilio Delgado presentaron este miércoles 18 de febrero junto a Sara Santaolalla una propuesta dirigida a toda la izquierda del PSOE.

Básicamente, proponen que, ante el peligro del avance de la extrema derecha de VOX se presenten listas únicas en cada provincia encabezadas por los que tengan más posibilidades de salir elegidos, en torno a un programa mínimo, cuyo contenido estaría por concretar.

Por nuestra parte, no ponemos en cuestión la buena voluntad de estos dirigentes, pero nos planteamos varias cuestiones:

La izquierda ha estado en el Gobierno, directamente o apoyando desde el Parlamento al Gobierno. ¿Qué le ha impedido tomar las medidas precisas para responder a las necesidades de la mayoría social?

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La ley 15/97 y la privatización de la Sanidad

Carta Semanal 1083 en catalán

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El Consejo de ministros ha aprobado el pasado día 10 un anteproyecto de Ley que deroga la ley 15/97, aunque no pone fin a la privatización de la Sanidad pública.

En 1986, siendo ministro de Sanidad Ernest Lluch, se aprueba la Ley General de Sanidad. Sus artículos 66, 67 y 90 abrían una vía de privatización, los conciertos y conciertos singulares. Se trataba, en buena medida, de legalizar lo que ya estaban haciendo numerosas autonomías, y sobre todo Cataluña, que ya destinaba un 36.5% de gasto sanitario público a conciertos con la sanidad privada.

En 1996 –primer gobierno de Aznar- Alberto Núñez Feijoo, presidente del Insalud, hace aprobar el decreto 10/96, de gestión del Insalud, cuyo texto es reproducido literalmente poco después en la ley 15/97. Según el artículo único de esa ley, “en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, garantizando y preservando en todo caso su condición de servicio público, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho”. La aprobaron PP, PSOE, PNV, CiU y CC. Sólo IU y BNG votaron en contra. Contó con el apoyo de la Federación de Sanidad de CCOO, pero, pronto, el rechazo de muchos sindicalistas obligó a la Confederación de CCOO a corregir esa posición.

Amparándose en la 15/97, el ingenio privatizador crea muchas figuras para ello (conciertos, consorcios, fundaciones, concesiones administrativas…)

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¿Aumentar el gasto militar sin tocar el gasto social? Veamos los datos

Carta Semanal 1082 en catalán

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El gobierno presume de haber triplicado su gasto en defensa. España dedica, según cifras oficiales, 34.000 millones anuales al gasto militar, 22.000 millones más que cuando Sánchez llegó al gobierno. Pero según el Centro Delás de Estudios para la paz, el gasto militar real de 2025 hasta los 40.457 millones, casi el 2,5% del PIB.

El gobierno ha hecho del gasto militar su prioridad, y asegura que ese aumento del presupuesto militar se ha hecho sin tocar el gasto social. Cierto es que, por el momento, se ha limitado a dedicar la inmensa mayoría del superávit recaudatorio al rearme. Pero ese ingente desvío de fondos supone dejar desatendidas necesidades urgentes de la población. Enumeraremos algunas.

Necesidades en infraestructuras

Desde el año 2010 se acumulan recortes en la inversión en infraestructuras. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el déficit de inversión en infraestructuras supera los 60.000 millones de euros. Sólo para compensar el desgaste por uso y envejecimiento de infraestructuras. Las infraestructuras acumulan un descenso en la inversión pública del 63% desde 2010 hasta el cierre de 2024, según el histórico de ejecución presupuestaria publicado por el Ministerio de Hacienda, haría falta una inversión mínima anual cercana a los 11.700 millones de euros. La Dana de Valencia y los accidentes ferroviarios han puesto de manifiesto las consecuencias de esta carencia.

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Minnesota: el pueblo se levanta contra Trump

Carta Semanal 1081 en catalán

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La brutal política de Trump, que tiene como base el hundimiento económico del país, la desindustrialización, sus efectos sociales (casi la mitad de su población está al nivel de pobreza) provoca, también, una crisis institucional, que socava las bases del sistema parlamentario y sus partidos tradicionales. Trump no respeta las competencias de los Estados, cuyas autoridades se niegan, en algunos casos, a aceptar los dictados de Trump, declaran las ciudades santuarios para los emigrantes o facilitan la movilización como la del 23 de enero que ha tenido un carácter inédito, con un papel central de la clase obrera y sus organizaciones

Lleva a cabo una guerra contra los trabajadores inmigrantes, una parte muy importante de la clase trabajadora de los EEUU. Suponen unos 32 millones de trabajadores, más del 19% de la fuerza laboral total. Incluyen 8,3 millones de inmigrantes indocumentados, el 4,8% de los trabajadores del país. Se concentran principalmente en agricultura, construcción, servicios de alojamiento y alimentos, y manufactura. Hay entre 11 y 14 millones de inmigrantes indocumentados.

La persecución contra los inmigrantes busca dividir y enfrentar a la clase trabajadora. Trump ha inundado el Estado de Minnesota con miles de miembros del ICE (policía de inmigración y aduanas) para organizar redadas masivas contra inmigrantes. Pero ha pinchado en hueso. La clase obrera de Minnesota se ha organizado de manera espontánea para hacer frente al ICE, arrastrando a los sindicatos a la movilización, que se ha hecho masiva y extendido a todo el país.

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Privatización (“liberalización”) del servicio ferroviario

Carta Semanal 1080 en catalán

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Los dos recientes accidentes de trenes ponen de actualidad la situación del sistema ferroviario, de sus infraestructuras y de la privatización del servicio.

En espera de que se determinen las causas del accidente de Adamuz (los últimos informes apuntan a un defecto en una vía recién renovada), las de los de Cataluña son claras: el propio ministro de transporte ha declarado que “la infraestructura es viejísima y con años de abandono”.

La apertura a la “libre competencia” del transporte ferroviario se produce por imposición de la Unión Europea, que promulgó entre 2001 y 2006 cuatro Directivas Comunitarias y una serie de reglamentos, los llamados Paquetes Ferroviarios (2001, 2004, 2007, 2016), que obligaron a la Separación de Infraestructura y Operación, separando en España la gestión de la infraestructura (Adif) de la operación de los servicios (que hoy operan, dentro de la alta velocidad, Renfe, Ouigo, Iryo, etc.).

En segundo lugar, la apertura a la libre competencia (como con el correo, las telecomunicaciones, las eléctricas…), que en España se aplicó inicialmente a las mercancías (2007), luego pasajeros (2010, 2012), culminando con la apertura total de servicios.

La liberalización de la alta velocidad se produjo en España a finales de 2020 con la trasposición del Cuarto Paquete Ferroviario, que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a liberalizar el sector.

En aplicación de los “paquetes”, Adif, empresa pública gestora de las infraestructuras ferroviarias, seleccionaba a finales de noviembre a dos consorcios, que desde entonces compiten con Renfe en los corredores Madrid-Barcelona-frontera francesa; Madrid-Sevilla-Málaga y Madrid-Valencia-Alicante; los más rentables.

A este primer paso, siempre que sea rentable, pueda seguir la liberalización del resto de líneas de alta velocidad, la del tren convencional y la de servicios como Cercanías.

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