Tras la movilización del 16 de Octubre

Carta Semanal 857 en catalán

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El pasado 16 de octubre, decenas de miles de pensionistas se manifestaban en Madrid, venidos de todos los rincones del Estado, en defensa del sistema público de pensiones basado en el reparto.

Su exigencia concreta, la de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, expresa el combate contra todos los intentos de “reformar” las pensiones para recortarlas, escudándose en un falso déficit de la Seguridad Social. Intentos que tratan de camuflar la realidad: la única urgencia por reformar el sistema de reparto es la del capital financiero, que quiere meter mano en los miles de millones de euros del sistema de jubilación para especular con ellos en sus fondos privados de pensión (bajo los diferentes nombres y formas que esos fondos adoptan). Sigue leyendo

“Se cierra un periodo, se abre uno nuevo…”

Carta Semanal 856 en catalán

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Esta semana se publica en español el número 109 de La Verdad. Esta Carta Semanal proporciona un resumen de su contenido para preparar su difusión y su discusión. El título de la portada presenta su contenido: «Se cierra un periodo, se abre uno nuevo… (notas del Secretariado de la IV Internacional); Dosier: Transición ecológica y economía «verde».

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– Declaración XXIV Congreso – A todo el movimiento obrero, a la juventud, a todas y todos los partidarios de la democracia

Carta Semanal 854 en catalán

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El congreso de la sección de la IV Internacional en España se ha celebrado en un momento extremadamente difícil para los trabajadores y los pueblos. Todo el mundo ha podido comprobarlo: en medio de la incapacidad de todos los gobiernos para proteger la salud de la población, la pandemia ha sido  utilizada para recortar derechos y como excusa para no derogar la ley mordaza y demás leyes antiobreras.  

La situación de tantos trabajadores y trabajadoras privados de trabajo, de atención sanitaria resume la situación de desvalimiento que amenaza a la mayoría de la población, sobre todo mujeres, jóvenes y emigrantes.

La crisis del capitalismo, amplificada por la crisis pandémica, encuentra hoy un desarrollo en la agonía imperialista cuyo último episodio -la salida de Afganistán- es la expresión del atolladero en el que se encuentra el imperialismo dominante, producto de la descomposición del mercado mundial. Arrastrando tras de sí a todos los imperialismos secundarios, a lanzar todos ellos una agresión tras otra contra los trabajadores.  Sigue leyendo

¿Por qué es necesario un juicio popular al Borbón ladrón y a la Monarquía?

Carta Semanal 854 en catalán

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Cada día que pasa hay una nueva noticia sobre la corrupción del Rey “emérito”, Juan Carlos de Borbón, cuya fortuna, amasada durante sus 39 años de reinado, se calcula en más de 2.000 millones de euros.

Una fortuna basada -como cada día cuentan más abiertamente los medios de comunicación- en actividades de intermediación, como el cobro de una comisión por cada barril de petróleo comprado a Arabia Saudí, o las comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, y directamente por el tráfico de armas.

Al mismo tiempo, se multiplican las noticias sobre cuentas ocultas en paraísos fiscales.

Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado, en 2020 y 2021, a regularizar ingresos con Hacienda por valor de más de 5 millones de euros. Ahora se ha sabido que lo ha hecho después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo la notificara, al menos en tres ocasiones, (en junio, noviembre y diciembre de 2020), de que le estaban investigando. Un dato que, según hizo público en marzo la Asociación de Inspectores de Hacienda, supondría que “las regularizaciones efectuadas no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos”, ya que para que no haya responsabilidad  penal, debe procederse “al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (incluyendo los intereses de demora y recargos que correspondiesen), antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la AEAT, del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción”

La supuesta inviolabilidad

En todo caso, las posibles acciones de la Fiscalía se van a limitar, como mucho, a las actuaciones de Juan Carlos I después de su abdicación, porque antes de ella, y durante sus 39 años de reinado, todas sus acciones estarían cubiertas por la inviolabilidad del Rey que establece el artículo 56.3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Al menos, esa es la interpretación que hacen tanto los sucesivos gobiernos como el poder judicial. Que actúan, evidentemente, para proteger a la institución de la Monarquía. En cuanto a los gobiernos ¿acaso puede alguien defender que ninguno de ellos estaba informado de los manejos del rey, que ya habían sido publicados en algunos medios de prensa? Consta que las comisiones por la compra de petróleo a Arabia (iniciadas cuando era Príncipe de España) eran un hecho conocido en los primeros gobiernos de la Monarquía. Y en lo que respecta al aparato judicial, es evidente que entre sus funciones está proteger al régimen y a la Corona. Basta con recordar tan sólo cómo, en defensa de la familia real, eximió a la infanta Cristina de toda responsabilidad en los trapicheos de su marido, Iñaki Urdangarín, en contradicción con toda la jurisprudencia y con lo que siguen haciendo ahora los jueces en casos similares.

Como señala Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, “el principio de la inviolabilidad de los reyes procede de la creencia de que todo poder viene de Dios y de que sus representantes en la tierra eran los reyes, por lo que no se les podía atacar”. Y añade que la supuesta inviolabilidad supondría que el Rey puede cometer cualquier hecho sin ser juzgado porque está por encima de la Ley y esta posición la mantendrá respecto de todos los actos que lleve a cabo durante su mandato, incluso después de que cese en la Jefatura del Estado. Pues bien, al menos en mi opinión, las dos afirmaciones son insostenibles. Porque ni son necesarias ni se acomodan a los principios constitucionales de un Estado democrático”. De Esteban concluye que los únicos actos cubiertos por la inimputabilidad establecida en el art 56.3 CE  son los que derivan de su función como jefe del Estado (…) Es obvio que todos aquellos actos realizados por el Rey que no guardan relación con su función como jefe del Estado y que, por consiguiente, es impensable que puedan estar refrendados por las personas a las que se refiere el artículo 56.3, no están sometidos a la inviolabilidad”.

En la misma línea, son muchos los juristas que opinan que son sola y exclusivamente los actos citados en el artículo 64 CE, los refrendados por el gobierno y que carecen de validez sin ese refrendo, los que están cubiertos por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución. Por ejemplo, Joan Carles Carbonell Mateu, Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, que escribe que “no es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan”. Que sepamos, ningún gobierno ha refrendado- por más que los hayan tapado y consentido- los trapicheos del hoy “emérito”.

A pesar de ello, todo el aparato judicial cierra filas para defender la impunidad del Borbón. De ahí que, como mucho, la Fiscalía Anticorrupción va a investigar solamente los indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero no al supuesto cobro de comisiones, que se produjo en la época en Juan Carlos I todavía era el jefe de Estado. De este modo, el grueso de los miles de millones amasados no podría tocarse.

De este modo, el poder judicial asume, en defensa de la Corona, que según la Constitución -y violando incluso todos los principios de lo que los defensores del orden burgués llaman “estado de derecho”- el Rey podría asesinar a alguien, violar a un niño o robar cientos de millones sin que pueda ser penalmente imputado.

Son los mismos tribunales que avalan los recortes a los empleados públicos, las reformas laborales, las estafas bancarias, la ley mordaza y todos y cada uno de los ataques a la población trabajadora.

Pero no es sólo el poder judicial quien sale en defesa del Régimen y de su máxima autoridad, la Corona. La Mesa del Congreso, con los votos del PP, del PSOE y de Vox, ha rechazado hasta en diez ocasiones distintas peticiones de comisiones de investigación sobre la fortuna amasada por el Rey “emérito”. Escudándose en todos los casos en la supuesta inviolabilidad (que, en todo caso, podría impedir una imputación penal, pero no una investigación parlamentaria).

Es evidente que una investigación en sede parlamentaria que estableciera las actividades corruptas del Rey tendría una repercusión política que haría tambalearse las propias bases del Régimen. Por tanto, los defensores de éste deben cerrar el paso a esa posibilidad.

Ahora bien, ¿cómo puede combatirse la corrupción si se consiente la que lleva a cabo la más alta institución del Régimen?

Porque no nos resignamos a la impunidad del Borbón, ¡juicio popular!

Hay que dejar clara una cuestión: no es el problema de un individuo, es la trama y estructura de la Casa Real, imbricada con los poderes financieros y la alta  administración del Estado.

Ningún demócrata puede aceptar que la corrupción de la Corona pueda seguir impune. Si el aparato judicial y los partidos franquistas bloquean la vía a una investigación judicial o parlamentaria, sólo hay una posibilidad de que Juan Carlos de Borbón sea juzgado por sus delitos y la fortuna que ha amasado vuelva a manos del pueblo: un juicio popular.

Es la exigencia que todas las organizaciones democráticas y populares deben levantar. Y poner de inmediato las condiciones para hacerlo posible. Las organizaciones que se declaran republicanas deberían estar al frente de esta tarea.

A propósito de la mesa de diálogo gobierno central – govern de la Generalitat

Carta Semanal 853 en catalán

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El miércoles 15 de septiembre tuvo lugar en el palacio de la Generalitat de Barcelona la  primera reunión de la llamada mesa de diálogo. Esta mesa fue pactada anteriormente entre Quim Torra y Pedro Sánchez, antes de que el primero fuera inhabilitado por delito de libertad de expresión por los tribunales franquistas.

En representación del gobierno central participaron Pedro Sánchez más cinco ministros (entre ellos Yolanda Díaz de Unidas Podemos) y por parte del govern de la Generalitat la delegación solo estaba compuesta por Pere Aragonés y dos consejeros de Esquerra Republicana de Catalunya, pues los tres que debían representar a Junts per Catalunya (los partidarios de Puigdemont, continuadores de la antigua convergencia de Pujol) no participaron en la reunión. Sigue leyendo

El “gobierno de los jueces”

Carta Semanal 852 en catalán

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El 6 de septiembre, como se realiza anualmente, se celebró la inauguración del Año Judicial presidido por el Rey. Recordemos que, en este país, en nombre del Rey se emiten las sentencias y se administra la justicia (por llamar de alguna manera a lo que hacen los jueces en este país). El rey, que a menudo, en los hechos, es la única autoridad a la cual obedecen las instituciones judiciales.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que ocupa su lugar -o más bien lo usurpa, según las leyes vigentes, desde hace ya casi 3 años- aprovechó la ocasión para lanzar un misil contra la decisión del gobierno de otorgar un indulto parcial a los 9 republicanos catalanes. Una intervención que forma parte de la ofensiva del aparato de Estado para cerrar el paso a toda posible salida al conflicto catalán. Ahí está la decisión del Tribunal de Cuentas de exigir fianzas multimillonarias a los políticos republicanos catalanes. Sigue leyendo

Ante el 11 de septiembre, Diada nacional de Cataluña…

Carta Semanal 851 en catalán

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A los trabajadores, al movimiento obrero de todo el Estado, a los jóvenes y partidarias/os de la democracia

En vísperas del 11 de septiembre, sin esperar a los discursos oficiales, sabemos que el momento está preñado de retos y preocupaciones.

Los indultos o las señales de mejora económica son insuficientes para que los dirigentes se descuelguen con promesas optimistas. Los fondos europeos ya empiezan a estar aquí. ¿Cuál es la situación? La primera prueba en la industria catalana fue Nissan, ¿qué queda de ella? La suerte de Seat depende de pulsos entre multinacionales. La ampliación del aeropuerto de Barcelona, más que tropezar con problemas ecológicos, depende de que se pase de las promesas a su ejecución. El sistema sanitario, nunca se ha contado entre las prioridades presupuestarias, y sufrió en Cataluña, solo entre 2010 y 2016, recortes de 9.000 millones (casi la tercera parte del total recortado en todo el Estado). Las pensiones sufren ahora un recorte que amenaza el sistema. Entretanto, la juventud carece de clases, de plantillas de profesores y ante todo sufre el peso del paro y la precariedad. Toda la población sufre el atraco a salarios y pensiones que suponen la subida de la luz, de los carburantes, de los precios en general. Sigue leyendo

Es urgente e inaplazable derogar las reformas laborales

Carta Semanal 850 en catalán

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El acuerdo de gobierno de PSOE y UP incluía el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012. Concretamente decía lo siguiente: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”. Y añadía que “En concreto y con carácter urgente, derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”.

Pues bien, el “gobierno progresista” se constituyó en enero de 2020, hace, por tanto, 19 meses. O, si se prefiere, casi 600 días. Y sólo la primera de esas tres medidas “urgentes” (la anulación del despido por enfermedad, introducido en la reforma de Zapatero y agravado en la de Rajoy) se ha llevado a cabo. Nadia Calviño y Yolanda Díaz anuncian ahora la “modificación” (ya no se haba de derogación) de la reforma laboral de 2012 para final de año. Si esta promesa se cumple, el gobierno tardaría 700 días en adoptar una medida “urgente”.

 ¿Qué impide la derogación de la reforma? Desde luego, no la aritmética parlamentaria, porque habría votos suficientes para garantizar el apoyo a la derogación. Es más bien una cuestión política: desde el propio gobierno, Nadia Calviño se ha opuesto expresamente a la derogación de la reforma, expresando así las objeciones de la Unión Europea, que defiende abiertamente la idoneidad de los recortes de derechos incluidos en ella. Y la oposición de la CEOE.

Y, sin embargo, para la clase trabajadora la recuperación de los derechos arrebatados en la reforma de 2012 (y, también, en la de 2010, impuesta por Zapatero y a la que los sindicatos respondieron con una huelga general, y que el gobierno se propone mantener) no sólo es una necesidad. Es una necesidad urgente.

Todo el mundo sabe que, en los meses próximos, miles de empresas preparan despidos masivos. Otras muchas los están aplicando ya.  En esta situación las facilidades para el despido barato que dan a las empresas las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores incluidas en las reformas laborales de Zapatero y Rajoy, así como las facilidades que dan esas contrarreformas laborales para descuelgue del convenio, para negociar convenios de empresa a la baja, para externalizar y subcontratar actividades (con convenio de empresa a la baja), son letales para la clase trabajadora.

Por tanto, es urgente la derogación íntegra de ambas reformas laborales, una exigencia que hasta ahora han mantenido los sindicatos, aunque hayan aceptado una y otra vez los impuestos por el gobierno, que para muchos, encubren su negativa a tocar las reformas.

Una derogación por etapas

Por lo que se ha hecho público, los “interlocutores sociales” (CEOE, CEPYME, UGT, CCOO y el Gobierno) han hablado de negociar las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores (ET) en dos etapas. Y parecen tener discrepancias sobre qué incluir en cada una.

Los dirigentes de UGT y CCOO aceptan en líneas generales lo recogido en el acuerdo de gobierno y proponen tratar, en una primera fase, algunas cuestiones que ya se habían negociado antes de la pandemia: eliminar los límites a la ultraactividad de los convenios colectivos, devolver la prioridad aplicativa a los convenios sectoriales, y restringir las modificaciones unilaterales por parte empresarial de las condiciones laborales. Y también, regular con nuevas limitaciones las cadenas de subcontratación (artículo 42 del ET), una medida también incluida en el acuerdo PSOE-UP, pero no con carácter urgente, y sobre la que hubo incluso un proyecto de ley que estuvo a punto de aprobarse en el parlamento en la legislatura anterior.

Las patronales se niegan a esta posibilidad. Como señala el informe aprobado en marzo de 2021 en el Consejo Confederal de CCOO, la CEOE “se niega a abordar las materias relacionadas con la subcontratación y externalización productiva y plantea que lo prioritario sea tomar medidas en contratación -mediante bonificaciones…-, ERTES -renovación de los que caducan el 31 de mayo- y políticas activas”.

Y añade el informe que “esta posición de CEOE ha sido replicada casi en iguales términos por la vicepresidente Nadia Calviño, que sin mayor disimulo ha tomado posición inmediata. Son perfectamente conscientes de que abordar materias de la complejidad de las que requiere reducir la dualidad laboral en España, conlleva una negociación larga y compleja, en la que los aspectos de reversión de la reforma laboral se aplazarían sine die”. Este juego de “policía bueno y policía malo” dentro del gobierno agota la paciencia del más pintado. La clase trabajadora juzgará al gobierno “progresista” por lo que haga, y no por lo que diga uno u otro ministro o ministra. Y la posición del gobierno, de todo el gobierno, ha sido dilatar las negociaciones sobre derogación de la reforma laboral, con la excusa de la pandemia, y de la necesidad de convencer a la CEOE, negarse a tocar la reforma de Zapatero y sólo entrar a negociar la modificación de algunas partes de la de Rajoy.

No basta con retirar parte de las reformas

Entre las cuestiones que el gobierno y los sindicatos han hablado de derogar faltan aspectos muy importantes de las reformas laborales. Por ejemplo, todo lo referente al despido.

Desde que Felipe González introdujo los contratos temporales, nos vienen machacando con la cantilena de la “dualidad del mercado de trabajo” (es decir, de la diferencia de derechos entre los trabajadores fijos y los temporales).  Todo para ir disminuyendo los derechos de los fijos y, en especial, la indemnización por despido.

En 2001 se creó una figura, el “contrato de fomento del empleo”, que rebajaba la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado. La reforma laboral de Zapatero amplió los supuestos a los que se aplicaba esta indemnización reducida y la de Rajoy generalizó la indemnización de 33 días para todos los contratos. Por tanto, la indemnización por despido la han modificado las reformas laborales para pasar de ser 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año trabajado con 24 mensualidades. Para un trabajador con 28 años de antigüedad y que cobrara el salario medio (2.000 euros en 12 pagas), son 36.000 euros menos de indemnización.

La reforma de Zapatero creó también la figura del “despido objetivo”, para empresas con pérdidas, con 20 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Aquí el ahorro por despido para el patrón es fabuloso. Despedir a un trabajador con 28 años de antigüedad le costaría 60.000 euros menos. Luego la reforma de Rajoy amplió los supuestos en que se puede aplicar este despido mucho más barato.

Ante la oleada de despidos que ya se ha iniciado, para las empresas es muy importante contar con un despido lo más barato posible. Y que deben haberse sentido más que tranquilizados por las declaraciones al respecto de la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, en marzo pasado. Según El Periódico, “su hoja de ruta para con la estabilidad en el empleo pasa más por incentivar alternativas al despido para las empresas, más que en penalizar en mayor medida o vetar las posibilidades del despido”. Sin duda alguna, los trabajadores amenazados de despido no estarán nada contentos con las intenciones de la ministra.

El Nuevo Estatuto de los Trabajadores

El pasado 22 de marzo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaraba ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que hay que desplegar una “mirada amplia” sobre la legislación laboral y abordar los cambios necesarios “sin clichés” y mirando al pasado “solo lo justo y necesario”, para poder modernizar así el mercado de trabajo. Entonces, ¿deben los trabajadores y trabajadoras renunciar a la idea de recuperar los derechos que arrancaron con su lucha, y que les fueron arrebatados “en el pasado”? ¿Qué hay detrás de la propuesta del Nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI?

La “modernidad” no es el empleo sin derechos, la precariedad de por vida, la uberización de las condiciones laborales. Eso es tan antiguo como el capitalismo del siglo XIX que nos describieron Dickens en sus novelas y Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra. Y que hoy aplica el capitalismo en África, en China, en Bangladesh y en buena parte de Asia. Y que quieren imponer en Europa (véase al respecto al última reforma laboral en Grecia).

Veamos a este respecto lo sucedido con los riders, los trabajadores de las plataformas de reparto. La norma que acaba de entrar en vigor, y que no hace sino aplicar las sentencias del Tribunal Supremo que los ha considerado falsos autónomos y, por tanto, trabajadores por cuenta ajena, ha dejado fuera a los empleados de otras plataformas digitales, por exigencia de la CEOE, apoyada por el gobierno. ¿Se les reservan, tal vez, unas condiciones laborales “del siglo XXI”, es decir, uberizadas?

La perspectiva de una modernización de condiciones laborales, de un “estatuto del siglo XXI”, al amparo de la Comisión Europea, con quien el gobierno se ha comprometido a estos cambios, no resulta nada favorable para los trabajadores, que sin duda reivindican lo que exigieron con varias huelgas generales: la recuperación de los derechos que les fueron arrebatados.

Ni un día más

Los trabajadores están hartos de dilaciones. Las direcciones sindicales no deberían aceptar ni un día más de retraso. Como hemos señalado antes, es urgente e inaplazable derogar completamente las dos reformas laborales.

Ante las excusas y aplazamientos del gobierno, y el obstruccionismo de la CEOE, ¿no sería la hora de iniciar, a partir de septiembre, un proceso de movilizaciones para exigir el gobierno la derogación de las reformas laborales? Un proceso que enlazaría con la preparación por parte de las plataformas de pensionistas de una marcha a Madrid el 16 de octubre por la auditoria, cuando el gobierno en el Consejo de ministros de este martes 24 de agosto acaba de aprobar “el primer tramo de la nueva reforma del sistema de pensiones”.

 

 

ESCRIVÁ, EL PACTO DE TOLEDO Y EL ACUERDO DEL “DIÁLOGO SOCIAL” CONTRA LAS CUERDAS

Carta Semanal 849 en catalán

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LA MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PONE A ESCRIVÁ, AL PACTO DE TOLEDO Y AL ACUERDO DEL “DIÁLOGO SOCIAL” CONTRA LAS CUERDAS

La situación actual de la lucha por la defensa del sistema público de pensiones se encuentra en una encrucijada, gracias a la fuerte resistencia que de forma independiente han organizado las plataformas de pensionistas. La llamada crisis de la Seguridad Social, con la que se quiere justificar todo tipo de recortes, es una crisis provocada por la política de los gobiernos al servicio del capital financiero.

La responsabilidad del Estado arranca desde la transición política, cuando ya fue objeto la Seguridad Social de una importante desmembración de instituciones y servicios sociales creados y financiados por los superávits de las cotizaciones sociales.

El Estado, que no es neutral pues está al servicio de la clase dominante, ha tejido un entramado de complicidades políticas cuyo objetivo es debilitar, dislocar, el régimen de reparto y la Seguridad Social. Acuerdos que enlazan con la Unión Europea. Las propuestas de reformas de Escrivá forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia acordado con Bruselas e inserto en los planes de destrucción de conquistas sociales para toda Europa y muy especialmente del sistema de reparto basado en cotizaciones sociales, es decir, en salario diferido. Sigue leyendo

81 años después del asesinato de Trotsky, la IV Internacional prosigue su combate

(…) 81 años después, la IV Internacional continúa su lucha para ayudar a la clase trabajadora a plantear la cuestión del poder y poner fin al sistema de propiedad privada de los grandes medios de producción.

Winston Churchill, Primer-ministro conservador de Inglaterra, escribió más de una vez sobre   León Trotsky y deseó que tanto él como sus ideas muriesen y fueran olvidados por la Historia. Pero también se vio obligado   a reconocer que tal vez Trotsky y Lenin sobreviviesen en la Historia como los más conocidos personajes y líderes de la revolución rusa de octubre de 1917. El odio brutal del principal líder de la burguesía inglesa hacia el líder bolchevique se dirigía, en realidad, contra la revolución rusa, contra la clase obrera que osara asumir el poder, contra la revolución socialista mundial que asombraba a los capitalistas.     Ese mismo Churchill, como la mayor parte de la burguesía del mundo, elogiaba a Hitler y los nazis en los años 1930 por su capacidad para reprimir y aplastar a   la clase obrera     más poderosa de la época, la alemana.

Stalin fue más allá del odio y ordenó la ejecución de Trotsky. Todo el enorme aparato político de la Internacional Comunista, sus partidos, medios de prensa y dirigentes, y también la policía estalinista dentro y fuera de la URSS (el NKVD, la GPU) perseguirían de una manera implacable a Trotsky y a todos aquellos que se atreviesen a expresar su desacuerdo con la tiranía estalinista que se imponía. En Alemania, Stalin también ayudó a allanar el camino a Hitler dividiendo a la clase obrera alemana en 1933, impidiendo su unidad para derrotar al nazismo. El odio de la burocracia estalinista contra el revolucionario ruso – ex presidente del Soviet de Petrogrado en 1917 y creador del ejército Rojo –  tenía cómo diana a la democracia socialista y la posibilidad de una revolución en todo el mundo. Aferrada a sus privilegios cada vez mayores y a una dictadura cada vez más brutal contra la clase operaria y el pueblo soviético, la burocracia estalinista temía   a la revolución tanto como los capitalistas.

Para su gran acuerdo en defensa de la convivencia y la estabilidad con los capitalistas Stalin ofrecería el asesinato de Trotsky en 1940, pero antes buscó en plena década de los 1930 – cuando el mundo capitalista atravesaba una profunda crisis –acuerdos con la burguesía de los estados capitalistas principales. Se trataba de las políticas de colaboración de clases, o Frentes Populares, como fueron conocidas, y que, de hecho, colocaban a las organizaciones obreras en frentes controlados por los partidos de las burguesías. Esa política tuvo efectos desastrosos, por ejemplo, el de bloquear a la revolución española (1936-1939) o crear un frente con la burguesía francesa en el momento de ascenso de la lucha de clases en Francia.  La 3ª Internacional, tras capitular y no combatir al nazismo, se sometió completamente al control de los dirigentes nombrados de arriba abajo por Stalin y se convirtió en un apéndice de las maniobras diplomáticas de la política exterior de la URSS.

La Oposición de Izquierda y la IV Internacional

Tras el ascenso de Hitler en Alemania en enero de 1933, la Oposición Internacional de Izquierda pasó a defender la propuesta de construir una 4ª Internacional a partir de una orientación de frente único, llamando a la más amplia unidad de las organizaciones obreras para luchar contra el fascismo.  Las organizaciones dirigidas  por el estalinismo defienden en ese momento frentes amplios con las burguesías, que, en la práctica, en nombre de la “unidad” o de la “democracia”, obligaban y presionaban a los sindicatos, por ejemplo, a ceder en el terreno de los salarios, los derechos y las huelgas. En Brasil esa política se tradujo en la creación de la ANL (Alianza Nacional Libertadora) impulsada por el Partido Comunista (PCB) y que, al contrario de lo que decía su nombre, buscaba someter a la clase trabajadora brasileira a los objetivos de la burguesía. Em 1936 Trotsky está empeñado también en impulsar el “Movimiento por la 4ª Internacional”, tras el completo fracaso y burocratización de la III Internacional comunista que no desarrolló ninguna reacción a la derrota del movimiento obrero alemán ante el nazismo. Tras ser expulsado de Francia y de Noruega, y ser amenazado de deportación a la URSS (donde sería fusilado por Stalin), el gobierno de Lázaro Cárdenas en México ofreció asilo al viejo revolucionario ruso.  La herencia de la revolución mexicana (1910-1917) de Pancho Villa y Emiliano Zapata se hizo presente en ese gesto.

“La crisis de la humanidad se resume en la crisis de la dirección revolucionaria”

En los meses que antecederían a su muerte, Trotsky buscaba fortalecer a la recién fundada 4ª Internacional que se formara en 1938 daba sus primeros pasos. Como afirma su texto fundacional – el Programa de Transición – “la crisis de la humanidad se resume en la crisis de la dirección revolucionaria”. las condiciones objetivas para la revolución socialista estaban dadas y era necesario construir una nueva dirección revolucionaria. Sin el socialismo, la humanidad estaría amenazada de ser arrastrada a la barbarie por la permanencia del capitalismo. la barbarie estaba bien próxima. la Segunda Guerra mundial (1939-1945) que mataría a decenas de millones de seres humanos en los años siguientes estaba a punto de comenzar. Trotsky señaló en sus últimas notas escritas poco antes de su asesinato:  “La Segunda Guerra Mundial pone sobre la mesa la cuestión de un cambio de régimen de manera más imperiosa y urgente que la Primera.  Es, sobre todo, una cuestión de régimen político.  Los obreros saben que la democracia naufragó en todas partes, y que el fascismo los amenaza incluso allí donde es inexistente. La burguesía de los países democráticos va, naturalmente, a utilizar este miedo al fascismo por parte de los obreros, pero, por otro lado, el fracaso de las democracias, su desmoronamiento, su dolorosa transformación en dictaduras reaccionarias, obligan a los obreros a plantearse la cuestión del poder y los hace responsable de responderla. (…). Churchill y Stalin temían las sacudidas de la conjuntura internacional y a su inestabilidad política. Temían que se repitiese lo que ocurriera al final de la Primera Guerra (1914-1918), la explosión de las masas populares y las revoluciones. Esa era la apuesta de Trotsky y de la 4ª Internacional. El estalinismo se convirtió en un auxiliar de la estabilidad internacional, a pesar de todas las apariencias en contrario. Y el final de la guerra en 1945 llevó de nuevo a millones a las calles en una ola revolucionaria anticapitalista que barrió todo el planeta. Ni Getúlio Vargas, en Brasil, escapó a ella.  Tras la destrucción final de la Internacional Comunista en 1943 y tras los acuerdos de Yalta y Postdam al final de la Segunda Guerra. La victoria contra el fascismo de Hitler y Mussolini sólo fue posible porque existió la revolución de octubre de 1917, que pudo transformar a la Rusia rural y atrasada en una potencia industrial a través de la planificación económica socialista, con la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción. el objetivo del aparato estalinista eliminando a Trotsky era el de liquidar todo hilo de continuidad de la Revolución de octubre de 1917, su herencia y su ejemplo. El asesinato de Trotsky ocurrió entre los días 20, cuando sufrió un atentado en su casa, y 21 de agosto, en que murió en un hospital de la ciudad de México.

81 años después, la IV Internacional prosigue su combate para ayudar a la clase a plantearse la cuestión del poder y  poner fin al sistema  de la propiedad privada de los grandes medios de producción.

Everaldo Andrade