Perspectivas abiertas por la movilización de los metalúrgicos de Cádiz

Carta Semanal 863 en catalán

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La huelga que han mantenido los trabajadores del metal de Cádiz durante 9 días ha galvanizado al movimiento obrero y la juventud. En la provincia de Cádiz cuenta con el apoyo mayoritario de la población trabajadora, y ha habido incluso una huelga de estudiantes en solidaridad con los metalúrgicos. También se han convocado movilizaciones de solidaridad en distintas ciudades de todo el Estado.

Se trata de una convocatoria de huelga en defensa de reivindicaciones precisas, que en la práctica rompen con los planes de la UE, en primer lugar, el mantenimiento del poder de compra de sus salarios, ante una inflación que en este momento está en el 5,4%, y la defensa de conquistas recogidas en su convenio y que la patronal pretendía eliminar. Ha sido convocada en unidad por los sindicatos provinciales de FICA-UGT y de CCOO de Industria y contó con el apoyo de otras organizaciones sindicales menores. Dos cuestiones, defensa de reivindicaciones precisas que unifican a la clase y unidad de las organizaciones por las reivindicaciones que explican, en buena medida, el éxito de la huelga. Sigue leyendo

Uno contra ciento diez

Carta Semanal 862 en catalán

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“A mi juicio, vale más quedarse solo, como Liebknecht. ¡Uno contra ciento diez!”
(Lenin, citado por León Trotsky en su Historia de la Revolución Rusa, capítulo 13)

En estos días, en que se habla de la disciplina de voto de los parlamentarios, se cumple el 150 aniversario del nacimiento del militante obrero alemán Karl Liebknecht, quien, en plena guerra imperialista, se distinguió por votar en solitario, desafiando la disciplina del partido socialdemócrata de Alemania, contra el presupuesto de guerra, el  2 de diciembre de 1914. Votando a favor de la guerra, el SPD traicionó las decisiones del Congreso de la II internacional, que había resuelto una campaña contra la guerra, y organizar la movilización si ésta se declaraba. Esta traición, y la de la mayoría de los partidos socialistas europeos, creó en lo inmediato un enorme desconcierto entre las masas.

En mayo de 1915, Liebknecht es el autor del documento de Spartacus, encabezado por el título ¡El enemigo principal está en casa!, distribuido ilegalmente, en que amplía  su rechazo de la guerra imperialista en el Reichstag:

“El principal enemigo del pueblo alemán se encuentra en Alemania: el imperialismo alemán, el partido alemán de la guerra, la diplomacia secreta alemana. El pueblo alemán debe combatir este enemigo interno en una lucha política, cooperando con el proletariado de otros países cuya lucha es en contra de sus propios imperialistas (…) ¡El enemigo principal está en el propio país!”. (Véase el texto completo en https://www.marxists.org/espanol/liebknecht/1915/mayo/00001.htm) Sigue leyendo

Un debate sobre la situación política, la “transición energética” y la “economía verde”

Carta Semanal 861 en catalán

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Publicamos en esta Carta Semanal algunos extractos de las intervenciones de los ponentes del acto de presentación de La Verdad nº 109, realizado el pasado 11 de noviembre. Exposiciones que no sustituyen, evidentemente, la lectura de esta publicación, sino que se hacen con el ánimo de estimularla.

 

Intervención de Luis González

La Verdad 109 analiza la nueva situación mundial abierta tras la retirada de las tropas USA de Afganistán y al papel que ocupan las llamadas a la unión “para salvar el planeta” y las propuestas de “economía verde”. Sigue leyendo

¿En Portugal, de la unidad de la izquierda a la unidad nacional?

Carta Semanal 860 en catalán

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Desde hace seis años, en Portugal existe una forma de gobierno, la Jerigonça, basada en un gobierno del Partido Socialista (PS), con el apoyo en la Asamblea de la República del Partido Comunista (PCP ) y el Bloque de Izquierdas (BE). Un apoyo de “geometría variable”, que es tutelado por el presidente de la República, Rebelo de Sousa, dirigente del partido de derechas PSD e hijo de un ministro salazarista.

Este modelo de gobierno es presentado por algunas formaciones de la izquierda como un ejemplo a seguir en nuestro país. Le atribuyen enormes mejoras para las clases trabajadoras, aunque la realidad es bastante más modesta. De hecho, gracias a la Jerigonça, durante seis años, el gobierno del PS ha podido aplicar una política derivada de las necesidades e imposiciones del capital financiero, a través de una “gobernanza de geometría variable”. Una gobernanza en la que los sucesivos Presupuestos del Estado fueron posibles gracias al apoyo del PCP y/o del BE, a cambio de algunas concesiones a las clases trabajadoras, acordadas con estos partidos políticos, revirtiendo algunas de las medidas contenidas en el llamado Memorándum de la Troika, implementado por el gobierno de coalición de la burguesía PSD/CDS, en el período 2011-2015. Sigue leyendo

Cómo utilizar la excusa verde para justificar los ataques del imperialismo

Carta Semanal 859 en catalán

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La Cumbre del Cambio Climático que se desarrolla estos días en Glasgow es un nuevo escándalo de la llamada “economía verde”. Glasgow era uno de los grandes centros industriales del mundo, y lo que queda no es ni la sombra. No van a discutir la reindustrialización sino cómo extender ese desastre.

El drama está montado: “el resultado de la cumbre determinará en gran medida cómo los 7.000 millones de humanos sobrevivirán en un planeta más calentado y si se pueden evitar niveles peores de calentamiento a las generaciones futuras”

“La temperatura media global ha aumentado más de 1 grado desde la Revolución Industrial. El consenso científico dice que si aumenta 1,5 grados aumentará significati­vamente el riesgo de las peores catástrofes climáticas, con su secuela de hambre, enfermedades y conflictos”. Sigue leyendo

El 40º Congreso del PSOE

Es evidente que para todo militante obrero las decisiones que tome el PSOE interesan sobremanera. El PSOE ha sido desde hace 142 años la principal representación política de los trabajadores de este país. Esto es una realidad al margen de lo que podamos pensar de su política y de su evolución.

Nosotros somos militantes de la Cuarta Internacional, constituida precisamente en diferenciación de la corriente estalinista y de la socialdemócrata. No era simplemente un problema ideológico, sino de la constatación por nuestra parte de que la política de las organizaciones que, como el PSOE, se reclaman de la socialdemocracia, no ha significado un avance para la emancipación social y democrática de los trabajadores y de los pueblos.

Por supuesto, somos conscientes de que un sector importante de los trabajadores siguen votando a este partido, aunque cada vez con menos confianza.

En todo caso, consideramos necesario dar nuestra opinión sobre el desarrollo de este Congreso y sus resultados.

Empezaremos por citar el artículo de Cándido Méndez, exsecretario general de la UGT y militante socialista desde 1970, publicado por la Cadena Ser el 16 de octubre. Dice en él:

«En el Congreso se dedica una hora a todo lo relacionado con la elección de la mesa y el debate y votaciones sobre la gestión de los órganos federales, entre otros la Comisión Ejecutiva Federal y el Comité Federal. En una hora escasa, ¿se va a debatir un periodo de tiempo, 2017-2019, donde ha habido tres elecciones, dos generales, y además analizar unas elecciones, como las de Madrid, con presencia notable del secretario general del partido, que, entre otras por esa presencia, tiene una lectura rotundamente nacional, y que se han saldado con el paso de ser la fuerza más votada en las anteriores a la tercera en estas últimas?»

Una buena reflexión sobre un hecho que revela que no ha habido en ese Congreso, no ya posibilidad de debate, ni de expresar una opinión contraria al reducido grupo que di- rige el partido socialista y al que podríamos darle otro apelativo; sino ninguna opinión sobre el programa, es decir, sobre la política realizada y por realizar por el partido desde el Gobierno. En el mismo artículo, Cándido

Méndez lo define así:
«Es probable que se piense que, debatiendo sobre ecología, digital y feminismo, lo del empleo, acorde con la máxima evangélica, se nos dará por añadidura, pero esto no suele funcionar así.»

Lo que viene a señalar que se recurre a lugares comunes que, en realidad, y más allá de su mayor o menor importancia objetiva, vienen a ocultar, probablemente por tener un contenido inconfesable, todo lo relativo a las reivindicaciones e intereses de los trabajadores.

Veamos: de cuándo en cuándo, cada vez menos, y de cara a la galería, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha venido anunciando la derogación de la reforma laboral y de la ley mordaza, como le exige el movimiento obrero. No es eso lo que afirmó en su discurso de clausura, en él su compromiso fue «poner punto final a leyes como la ley mordaza y la reforma laboral del PP, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios.»

Sobre la reforma laboral

Entonces, sobre la reforma laboral, lo que quisiera Pedro Sánchez, es un acuerdo en las mesas del llamado diálogo social, un acuerdo de aceptación de la misma por los dirigentes sindicales que ponga fin a las críticas y que se olviden las exigencias de su derogación; antes de finalizar el año a ser posible. Sin mantener lo esencial de la reforma, incluso sin profundizarla, no sería posible el desmantelamiento del sector del automóvil, los despidos y la reconversión de tantos otros sectores económicos que se anuncian en nombre de la digitalización de la economía y de la transición verde. Con los fondos europeos como señuelo.

Como se ha señalado desde el aparato del PSOE estos días, de lo que se trata ahora es de «avanzarse a los cambios profundos que se avecinan, relacionados con el mercado laboral, con la gestión de la inmigración, con el cambio climático.» Lo que está en juego, pues, con la derogación o no de la reforma laboral son decenas de miles de puestos de trabajo, los derechos labora- les conquistados y la existencia de un sector industrial fuerte que sea la base de la economía. Y el silencio del 40º Congreso sobre todo esto significa que los dirigentes

socialdemócratas apuestan por una reconversión económica que puede dejar pequeña la de los años de gobierno de Felipe González para entrar en la entonces denominada Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea.

¿Qué supone «poner fin» a la ley mordaza?

En junio, con el apoyo de UGT y de CC. OO. se celebró un gran acto en la sede central de UGT en el que ambas organizaciones y el conjunto del movimiento obrero se felicitaron por la derogación del artículo 315.3 del código Penal y en el que se constituyó un comité internacional por la derogación de la ley mordaza y en defensa del derecho de huelga.
No ha habido la menor intención por parte del Gobierno «progresista» de apoyarse en esa iniciativa y en esas exigencias para derogar la ley mordaza. Muy al contrario, dos días después de las manifestaciones de Pedro Sánchez en su discurso de clausura del 40º Congreso del PSOE, la Mesa del Congreso de los Diputados decidió mantener bloqueada la derogación de la ley mordaza con el voto de los diputados del PSOE a favor de ampliar el plazo de enmiendas a la ley. Es la 39.a vez que los diputados del partido socialista bloquean el avance de esta derogación que permanece en esta fase de la tramitación parlamentaria desde hace casi un año. Esto son los hechos, lo demás son discursos y palabras que no comprometen a nada, ni convencen a casi nadie.

El mismo día en que se iniciaba el Congreso del PSOE decenas de miles de pensionistas, trabajadores y ciudadanos se manifestaban por las calles de Madrid exigiendo una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. En ese Congreso todo quedaba en qué se iban a controlar las cuentas de la Seguridad Social.

Debates en un mundo paralelo

Mientras los debates del Congreso se daban en un mundo paralelo, al margen de los problemas y de las aspiraciones de los trabajadores, el aparato pretendía dar una imagen de unidad, que todo se adoptara por unanimidad. Así pues, en los últimos meses y hasta el 40º Congreso, Pedro Sánchez ha excluido de la dirección del partido a toda la vieja guardia que estuvo a la cabeza del «No es no» contra Rajoy, o de los que estaban en la dirección de UGT cuando todavía organizaba jornadas de huelga, contra la reforma laboral, por ejemplo, como Toni Ferrer. Y ha incorporado a partidarios del consenso con el PP, como el ministro Félix Bolaños, artífice del pacto con el PP para la renovación del Tribunal Constitucional y otras instituciones; pacto consistente en conceder la práctica totalidad de las exigencias del PP.

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Tras la movilización del 16 de Octubre

Carta Semanal 857 en catalán

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El pasado 16 de octubre, decenas de miles de pensionistas se manifestaban en Madrid, venidos de todos los rincones del Estado, en defensa del sistema público de pensiones basado en el reparto.

Su exigencia concreta, la de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, expresa el combate contra todos los intentos de “reformar” las pensiones para recortarlas, escudándose en un falso déficit de la Seguridad Social. Intentos que tratan de camuflar la realidad: la única urgencia por reformar el sistema de reparto es la del capital financiero, que quiere meter mano en los miles de millones de euros del sistema de jubilación para especular con ellos en sus fondos privados de pensión (bajo los diferentes nombres y formas que esos fondos adoptan). Sigue leyendo

“Se cierra un periodo, se abre uno nuevo…”

Carta Semanal 856 en catalán

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Esta semana se publica en español el número 109 de La Verdad. Esta Carta Semanal proporciona un resumen de su contenido para preparar su difusión y su discusión. El título de la portada presenta su contenido: «Se cierra un periodo, se abre uno nuevo… (notas del Secretariado de la IV Internacional); Dosier: Transición ecológica y economía «verde».

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– Declaración XXIV Congreso – A todo el movimiento obrero, a la juventud, a todas y todos los partidarios de la democracia

Carta Semanal 854 en catalán

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El congreso de la sección de la IV Internacional en España se ha celebrado en un momento extremadamente difícil para los trabajadores y los pueblos. Todo el mundo ha podido comprobarlo: en medio de la incapacidad de todos los gobiernos para proteger la salud de la población, la pandemia ha sido  utilizada para recortar derechos y como excusa para no derogar la ley mordaza y demás leyes antiobreras.  

La situación de tantos trabajadores y trabajadoras privados de trabajo, de atención sanitaria resume la situación de desvalimiento que amenaza a la mayoría de la población, sobre todo mujeres, jóvenes y emigrantes.

La crisis del capitalismo, amplificada por la crisis pandémica, encuentra hoy un desarrollo en la agonía imperialista cuyo último episodio -la salida de Afganistán- es la expresión del atolladero en el que se encuentra el imperialismo dominante, producto de la descomposición del mercado mundial. Arrastrando tras de sí a todos los imperialismos secundarios, a lanzar todos ellos una agresión tras otra contra los trabajadores.  Sigue leyendo

¿Por qué es necesario un juicio popular al Borbón ladrón y a la Monarquía?

Carta Semanal 854 en catalán

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Cada día que pasa hay una nueva noticia sobre la corrupción del Rey “emérito”, Juan Carlos de Borbón, cuya fortuna, amasada durante sus 39 años de reinado, se calcula en más de 2.000 millones de euros.

Una fortuna basada -como cada día cuentan más abiertamente los medios de comunicación- en actividades de intermediación, como el cobro de una comisión por cada barril de petróleo comprado a Arabia Saudí, o las comisiones por la adjudicación del AVE a la Meca, y directamente por el tráfico de armas.

Al mismo tiempo, se multiplican las noticias sobre cuentas ocultas en paraísos fiscales.

Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado, en 2020 y 2021, a regularizar ingresos con Hacienda por valor de más de 5 millones de euros. Ahora se ha sabido que lo ha hecho después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo la notificara, al menos en tres ocasiones, (en junio, noviembre y diciembre de 2020), de que le estaban investigando. Un dato que, según hizo público en marzo la Asociación de Inspectores de Hacienda, supondría que “las regularizaciones efectuadas no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos”, ya que para que no haya responsabilidad  penal, debe procederse “al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria (incluyendo los intereses de demora y recargos que correspondiesen), antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones, denuncias o diligencias por parte de la AEAT, del Ministerio Fiscal o del juez de Instrucción”

La supuesta inviolabilidad

En todo caso, las posibles acciones de la Fiscalía se van a limitar, como mucho, a las actuaciones de Juan Carlos I después de su abdicación, porque antes de ella, y durante sus 39 años de reinado, todas sus acciones estarían cubiertas por la inviolabilidad del Rey que establece el artículo 56.3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”.

Al menos, esa es la interpretación que hacen tanto los sucesivos gobiernos como el poder judicial. Que actúan, evidentemente, para proteger a la institución de la Monarquía. En cuanto a los gobiernos ¿acaso puede alguien defender que ninguno de ellos estaba informado de los manejos del rey, que ya habían sido publicados en algunos medios de prensa? Consta que las comisiones por la compra de petróleo a Arabia (iniciadas cuando era Príncipe de España) eran un hecho conocido en los primeros gobiernos de la Monarquía. Y en lo que respecta al aparato judicial, es evidente que entre sus funciones está proteger al régimen y a la Corona. Basta con recordar tan sólo cómo, en defensa de la familia real, eximió a la infanta Cristina de toda responsabilidad en los trapicheos de su marido, Iñaki Urdangarín, en contradicción con toda la jurisprudencia y con lo que siguen haciendo ahora los jueces en casos similares.

Como señala Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, “el principio de la inviolabilidad de los reyes procede de la creencia de que todo poder viene de Dios y de que sus representantes en la tierra eran los reyes, por lo que no se les podía atacar”. Y añade que la supuesta inviolabilidad supondría que el Rey puede cometer cualquier hecho sin ser juzgado porque está por encima de la Ley y esta posición la mantendrá respecto de todos los actos que lleve a cabo durante su mandato, incluso después de que cese en la Jefatura del Estado. Pues bien, al menos en mi opinión, las dos afirmaciones son insostenibles. Porque ni son necesarias ni se acomodan a los principios constitucionales de un Estado democrático”. De Esteban concluye que los únicos actos cubiertos por la inimputabilidad establecida en el art 56.3 CE  son los que derivan de su función como jefe del Estado (…) Es obvio que todos aquellos actos realizados por el Rey que no guardan relación con su función como jefe del Estado y que, por consiguiente, es impensable que puedan estar refrendados por las personas a las que se refiere el artículo 56.3, no están sometidos a la inviolabilidad”.

En la misma línea, son muchos los juristas que opinan que son sola y exclusivamente los actos citados en el artículo 64 CE, los refrendados por el gobierno y que carecen de validez sin ese refrendo, los que están cubiertos por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución. Por ejemplo, Joan Carles Carbonell Mateu, Catedrático de Derecho Penal de la Universitat de València, que escribe que “no es casual que se contengan en el mismo párrafo y separados por un punto y seguido la declaración de inviolabilidad y la minuciosa regulación de los actos del Rey, la exigencia de refrendo y la traslación de responsabilidad a quienes los refrendan”. Que sepamos, ningún gobierno ha refrendado- por más que los hayan tapado y consentido- los trapicheos del hoy “emérito”.

A pesar de ello, todo el aparato judicial cierra filas para defender la impunidad del Borbón. De ahí que, como mucho, la Fiscalía Anticorrupción va a investigar solamente los indicios que apuntan a posibles delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, pero no al supuesto cobro de comisiones, que se produjo en la época en Juan Carlos I todavía era el jefe de Estado. De este modo, el grueso de los miles de millones amasados no podría tocarse.

De este modo, el poder judicial asume, en defensa de la Corona, que según la Constitución -y violando incluso todos los principios de lo que los defensores del orden burgués llaman “estado de derecho”- el Rey podría asesinar a alguien, violar a un niño o robar cientos de millones sin que pueda ser penalmente imputado.

Son los mismos tribunales que avalan los recortes a los empleados públicos, las reformas laborales, las estafas bancarias, la ley mordaza y todos y cada uno de los ataques a la población trabajadora.

Pero no es sólo el poder judicial quien sale en defesa del Régimen y de su máxima autoridad, la Corona. La Mesa del Congreso, con los votos del PP, del PSOE y de Vox, ha rechazado hasta en diez ocasiones distintas peticiones de comisiones de investigación sobre la fortuna amasada por el Rey “emérito”. Escudándose en todos los casos en la supuesta inviolabilidad (que, en todo caso, podría impedir una imputación penal, pero no una investigación parlamentaria).

Es evidente que una investigación en sede parlamentaria que estableciera las actividades corruptas del Rey tendría una repercusión política que haría tambalearse las propias bases del Régimen. Por tanto, los defensores de éste deben cerrar el paso a esa posibilidad.

Ahora bien, ¿cómo puede combatirse la corrupción si se consiente la que lleva a cabo la más alta institución del Régimen?

Porque no nos resignamos a la impunidad del Borbón, ¡juicio popular!

Hay que dejar clara una cuestión: no es el problema de un individuo, es la trama y estructura de la Casa Real, imbricada con los poderes financieros y la alta  administración del Estado.

Ningún demócrata puede aceptar que la corrupción de la Corona pueda seguir impune. Si el aparato judicial y los partidos franquistas bloquean la vía a una investigación judicial o parlamentaria, sólo hay una posibilidad de que Juan Carlos de Borbón sea juzgado por sus delitos y la fortuna que ha amasado vuelva a manos del pueblo: un juicio popular.

Es la exigencia que todas las organizaciones democráticas y populares deben levantar. Y poner de inmediato las condiciones para hacerlo posible. Las organizaciones que se declaran republicanas deberían estar al frente de esta tarea.