El pasado viernes 10 de marzo cierra el Silicon Valley Bank (SVB). Dos días después, domingo 12, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) estadounidense cierra el Signature Bank, sobre el que hay sospechas de ocultación de información. Otros bancos parecen acercarse peligrosamente a la misma situación, como First Republic Bank, Western Alliance, Metropolitan Bank o Customer Bancorp, cuyas cotizaciones bursátiles cayeron el lunes 13 más del 60%. De nuevo una vorágine de crisis bancaria, fuertes caídas en las cotizaciones bursátiles… y pánico general.

El SVB estaba especializado en financiar nuevas empresas tecnológicas (en su jerga, startups), que han tenido grandes ingresos, entre otras causas por la ingente inversión en ellas de capitales riesgo. La enorme liquidez del banco (se habla de 175 000 millones de dólares) se dedicó en buena parte a comprar bonos públicos, cuyo precio se ha hundido por la brutal subida de los tipos de interés impuesta por la Reserva Federal. Cuando los principales clientes del banco retiran masivamente sus fondos, el banco tiene que vender los bonos manifestándose así pérdidas que inicialmente se calculan en 1 800 millones de dólares. Pero la espiral ya está en marcha y se disparan las retiradas masivas de depósitos de banco, hasta 42 000 millones de dólares en diez horas (en 2008, se habían retirado casi 17 000 de Washington Mutual en diez… días).

Ante esta situación, otras fracciones del capital buscan hacer negocio, como el banco británico HSBC, que compra por una libra esterlina la filial de SVB en Reino Unido. Como en otras ocasiones, la crisis propulsará la centralización del capital. La administración estadounidense intenta reaccionar: “estamos tomando medidas decisivas para proteger la economía de Estados Unidos mediante el fortalecimiento de la confianza pública en nuestro sistema bancario” afirman, en una declaración conjunta Jerome Powell, Janet Yellen y Martin Gruenberg, respectivamente presidente de la Reserva Federal, secretaria del Tesoro y presidente de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). Estas medidas son presentadas con la finalidad de evitar “rescates y costes para los contribuyentes” y cubrir los depósitos bancarios superiores al tope de 250 000 dólares respaldado. Pero se dotan 25.000 millones de dólares para ello con el Bank Term Funding Program.

¿Acaso puede ser suficiente esta respuesta? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Se trata de una crisis puntual de un banco menor, sin mayores efectos, o podría desencadenar un cataclismo como el de la quiebra de Lehman Brothers en 2008? ¿Quién pagará la factura? Si este nuevo episodio fuera lo que la propaganda afirma, podría debatirse. Pero se trata justamente de eso, de un nuevo episodio de una crisis mucho más profunda, que viene tan de lejos que sus orígenes se remontan a antes de la crisis que estalla en 2007-2008. Es una suerte de crisis crónica del capitalismo, en el sentido de la sucesión de crisis sin periodos expansivos intercalados entre ellas, ya desde la que estalla virulentamente en los primeros años setenta. Una “crisis crónica” ligada directamente a la inevitable tendencia a la caída de la fuerza impulsora de la acumulación capitalista que es la rentabilidad, tal y como Marx explica en el libro tercero de El capital (cuya sección tercera en particular recomendamos enfáticamente leer), formulándolo como “Ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia” (LDTTG).

Por eso, claro que este episodio podrá eventualmente contenerse con la actuación estatal, pero sin modificarse las causas últimas que lo explican y que llevan la discusión a otro terreno.

¿Por qué esta quiebra y qué significa?

Ocurre ahora como en 2007, cuando el impago de las hipotecas subprime fue el detonante de la crisis, pero no su causa de fondo: la quiebra de SVB y sus consecuencias no se deben simplemente a problemas de liquidez por la caída del valor de ciertos bonos, sino que son mucho más profundas y, desde luego, no se van a solucionar con una intervención puntual por parte del gobierno.

En primer lugar, hay que considerar que este modelo de negocio bancario está ligado a un sector empresarial tan volátil e inestable como el de las startups y los fondos de capital riesgo (desde finales de 2002 se acumulan ya más de 250 000 despidos). Ante las dificultades de valorización del capital en las actividades productivas de plusvalor, masas enormes de capitales se vuelcan en las actividades especulativas. La razón de fondo estriba en los problemas de rentabilidad que Marx detectaba (la LDDTG). Por eso mismo él los expone previamente a las cuestiones financieras, que no son la causa de los problemas, sino una respuesta a ellos (la mencionada ley de la rentabilidad), ciertamente desesperada. Razón por la que es tan endeble la idea de que los problemas proceden de una “financiarización” que, si se contuviera, haría posible la solución de los problemas. Tan endeble porque una vez más se apela a la ilusoria idea de un capitalismo bueno, que sería factible limitando al capital malo (especulativo) y promoviendo al capital bueno (productivo). Como si no hubiera una lógica general que rige la acumulación del capital, presidida por la conformación del capital financiero que integra todas las actividades posibles de negocio, desde las productivas hasta las especulativas y pasando por las comerciales, etc.

En segundo lugar, la connivencia de los Estados con esta prácticas, proveyéndolas de cobertura legal. Tras la crisis de 1929, Roosevelt promulgó la ley Glass-Steagall para contener, algo, la especulación financiera. Pero en 1999 Clinton la liquida con la ley Gramm-Leach-Bliley y la nueva ley que Obama promueve en 2010, la Dodd-Frank, es tan modesta que no revierte la situación. Además, Trump modifica algunos aspectos en la línea de una mayor desregulación. Por eso, el SVB tenía las manos libres para ciertas prácticas, al no considerarse “banco sistémico” porque se había aumentado el tamaño para serlo de 50 000 millones a 250 000 y él tenía un balance de 220.000 millones.

¿Qué consecuencias tendrá esto? Por una parte, aún no se puede saber si hay otros bancos que pueden incurrir en situaciones similares, en particular por los lazos que mantuvieran con el SVB. Pero por otra parte, si se sabe ya que hay una factura que pegar. Y aunque Biden haya declarado que no lo va a pagar fundamentalmente la clase trabajadora (él dice contribuyentes), hay distintas vías por las que, con toda seguridad, sí que repercutirá a la mayoría, entre ellas que de un modo u otro se trata de gasto público que hay que financiar, ya sea mediante emisión monetaria (que nunca se lleva a cabo para fin social alguno), ya sea a través de otras políticas del ajuste permanente que exige el mismo capital financiero cuyas prácticas provocan situaciones como ésta que abordamos. No debe olvidarse que el SVB era el 16º del país y que las conexiones con otras entidades tienen grandes ramificaciones que se extienden por todo el mundo.

Y en Europa, ¿qué?

Estas ramificaciones provocan una onda expansiva que se expresa en que la rentabilidad de infinidad de capitales se deteriore por doquier. Por ejemplo, los seis primeros bancos españoles perdieron el lunes casi 12 000 millones de euros en la bolsa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declara el miércoles 14 que el sector bancario en España tiene unos niveles de liquidez y solvencia “por encima de la media”. Pero la situación en Europa no está blindada en absoluto y justo entonces se produce el hundimiento en bolsa del banco Credit Suisse, que en pocas horas pierde el 30% de su capitalización bursátil. El día siguiente, jueves 15, el banco anuncia que ha pedido prestados unos 50.000 millones de euros al banco central suizo para “fortalecer de forma preventiva su liquidez”. Todo esto tiene su correspondiente onda expansiva que, entre otros efectos, provoca una caída del 4% en el IBEX 35, acumulando pérdidas los principales bancos españoles de 24 000 millones de euros (el Banco de Sabadell ha perdido 1 800 millones, el 24,5%).

Por supuesto, las autoridades monetarias europeas declaran de forma inmediata que esto no guarda relación con la crisis estadounidense. Pero ya el FMI viene anunciando el riesgo de una explosión financiera del tipo de la de 2007-2008. Actualmente existen en el mundo masas enormes de capitales que buscan oportunidades de inversión y el ámbito financiero especulativo es uno de sus principales destinos, aunque también lo es los sectores que se privatizan o desatienden (véase el artículo de Información Obrera en el que se explica la entrada masiva de fondos de inversión en la enseñanza, particularmente en universidades y formación profesional).

Toda esta situación, propia de las contradicciones crecientes del capitalismo, se agrava por las consecuencias de la pandemia, la guerra de Ucrania y todas las criminales políticas que la acompañan, incluidas las sanciones. Es la expresión misma de la descomposición del modo de producción capitalista.

¡Claro que hay salida, pero no bajo el capitalismo!

Desde finales de 2020 el FMI ha alertado recurrentemente del riesgo de explosión social. No se equivoca. La devastación social que provoca la supervivencia del capitalismo es caldo de cultivo de un malestar cada vez mayor que no deja de expresarse de un modo u otro. Porque la clase trabajadora puede identificarse con un ser vivo que, como tal, tiene instinto de supervivencia y se moviliza por ella. Se extienden así las expresiones de resistencia por todo el mundo. Los planes del capital no pueden aplicarse por estas resistencias.

Es el caso del programado desmantelamiento del sistema público de pensiones en el Estado español, que no ha podido aplicarse, salvo marginalmente, precisamente por la resistencia. De hecho, la última medida es un paso atrás, sólo explicable por la movilización constante de la clase trabajadora promovida por las plataformas en defensa del sistema público de pensiones. Es el caso de la población griega que se levanta ante un trágico accidente de tren, que causa 57 muertos por el total abandono de la red, resultado de los recortes. Es el caso de la movilización en Alemania contra la guerra, como también en otros países. Y es el caso, entre tantos otros, de las gigantescas movilizaciones en Francia contra el ataque a las pensiones del gobierno de Macron, cuyas políticas son desaprobadas por el 80 % de la población.

El capital tiene pánico a toda movilización, consciente de que nada le garantiza poder aplicar una nueva vuelta de tuerca de ajuste, contra las condiciones de vida de la clase trabajadora, al modo como lo hizo tras el estallido de la crisis de 2007-2008. Porque el problema hoy no es un caso particular de crisis bancaria, ni tal o cual medida. El problema es la supervivencia del capitalismo y la barbarie cada vez mayor que supone.

Nosotros tenemos la posición literalmente opuesta: toda la confianza en que la movilización de la clase trabajadora hará posible una salida a los problemas y, como IV Internacional, mantenemos nuestro compromiso incondicional con ella.

Caso Ferrovial: lo que falta es voluntad política

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Carta Semanal 930 en catalán

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El presidente del Gobierno español ha acusado al principal propietario de Ferrovial, Rafael del Pino, de falta de patriotismo y le ha reprochado su escaso grado de compromiso con el país por su decisión de trasladar su sede social desde España a Países Bajos.

Hay quienes apelan a la supuesta lealtad que la empresa debería profesar al Estado español. Pero el capital únicamente se debe al principio sacrosanto de la rentabilidad, de tal manera que aprovecha todo el potencial que el marco jurídico que regula la actividad económica ofrece para garantizar la obtención del máximo nivel de beneficio posible. Y Estas empresas hacen lo que la UE y el gobierno español les permite y les anima a hacer, porque los tratados europeos acaban con la soberanía nacional como se ha conocido hasta ahora. La UE desdibuja los marcos nacionales tanto para los estados como para las multinacionales. Sobre todo para estas.

En este marco, la elección de la nueva sede fiscal obedece a un movimiento para reducir costes mediante la rebaja fiscal que supondría tributar en el país neerlandés. Desde hace años, este país ofrece una suculenta vía para eludir el pago de impuestos sobre los beneficios generados por las compañías multinacionales, habiéndose generalizado la expresión de “sándwich holandés” para referirse a ella. Concretamente, en el marco de los convenios que este país tiene firmados con sus antiguas colonias, que en su mayoría son consideradas paraísos fiscales, es posible que se puedan transferir los beneficios generados por las empresas radicadas en Países Bajos a estos territorios. Por lo tanto, la normativa vigente permite este tipo de operaciones que, al respetar el marco jurídico no están penalizadas legalmente.

Según el ranking del Corporate Tax Haven Index de 2021, publicado por la Tax Justice Network, los Países Bajos son el 4º mayor paraíso fiscal del mundo: https://cthi.taxjustice.net/en/ Entre los primeros puestos de este mismo ránking aparecen otros países de la UE, como Luxemburgo o Irlanda.

Además, en los Países Bajos la empresa podrá intentar refinanciar su endeudamiento, aprovechándose de la mejor calificación (AAA) respecto a la española (A), de acuerdo con Standard & Poor’s. Y, de paso, hace campaña política en favor de la derecha que, nunca debe olvidarse, tiene genes franquistas. En todo caso, estos movimientos no pueden descontextualizarse de la situación general de la dislocación del mercado mundial y sus efectos en las estrategias del capital. El cambio de sede a los países bajos tiene además un objetivo prioritario: cotizar en la bolsa de New York. El 85 por ciento de los negocios de Ferrovial están en el extranjero, particularmente en los USA. Según Expansión y Cinco Días Ferrovial ya tiene nuevos contratos por más de 4000 millones de dólares en este país…es solo una sindicación de los efectos de la ofensiva de Biden por atraer empresas europeas a partir de La ley de Reducción de la Inflación, un programa dotado con 391.000 millones en créditos fiscales y subvenciones.

Este movimiento no puede ser sorpresivo para ningún otro Gobierno europeo. Desde que la Unión Europea pone en marcha, en 1986, el Acta Única Europea, garantizando el marco de libre movilidad de capitales en terreno europeo, los Estados de los países adheridos al proyecto de integración han emprendido una verdadera carrera competitiva de reformas fiscales. El objetivo ha sido el de favorecer la imposición que recae sobre el capital para, por una parte, atraer al capital internacional y, por otra, intentar retener al capital nacional. Esto ha supuesto una renuncia a una ingente cantidad de recursos por parte de los Estados, que han exigido un esfuerzo de tributación creciente a las rentas del trabajo para contrarrestar la atenuación de las cargas fiscales sobre el capital. En España, recordemos que más del 80% de la recaudación por IRPF corresponde a rentas del trabajo (que suponen menos del 50% de la Renta Nacional)

La UE es la barra libre para el capital

Todos los Estados europeos han quedado sometidos a esta presión. Y el español no ha representado ninguna excepción. A las rebajas de la imposición directa sobre los beneficios -el tipo nominal ha descendido desde el 35% hasta el 25% en las últimas décadas y se han ampliado las deducciones tanto de la base como de la cuota imponible- hay que añadir aquellas aplicadas sobre las rentas derivadas del ahorro en el IRPF – han disfrutado de un tipo impositivo único, independiente del aplicado sobre las rentas procedentes del trabajo y más reducido. Además, se han incrustado en el sistema fiscal español algunos elementos como las SICAV o las ETVE: (Sociedades de Inversión de Capital Variable y Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, entidades radicadas en España, que disfrutan de un régimen fiscal especial, mucho más favorable para sus propietarios. Dicho más claramente: una forma legal para pagar menos impuestos.

El marco fiscal que ofrece Países Bajos es acorde con los principios que imperan en el mercado único europeo, y que también han alcanzado al caso español. No podía ser de otra manera teniendo en cuenta el carácter de clase del propio proceso de integración. El Gobierno español, por su parte, alega haber instado a los propietarios de la empresa a replantearse su decisión, habida cuenta del apoyo que esta empresa ha recibido del Estado, desde su creación bajo el régimen franquista hasta el periodo reciente, durante la recesión vinculada a la pandemia.

En el periodo reciente la empresa ha recibido apoyo estatal, fundamentalmente, a través de dos vías. Disfrutó del rescate por parte del Estado sobre las autopistas de peaje mediante el que se socializaron las pérdidas de estas empresas, (con un coste estimado de entre 1.000 y 3.000 millones de euros) . Ferrovial absorbió una parte significativa de los fondos dedicados a este rescate.

Quienes critican la “falta de patriotismo” de Ferrovial resaltan el apoyo recibido por parte del Gobierno autodenominado progresista del PSOE y UP, a través de los ERTE. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha afeado la decisión de la constructora después de haberse beneficiado de las ayudas estatales durante la fase más dura de la recesión¹. De este modo, la confesión involuntaria de Yolanda Díaz de que los ERTE eran ayudas a las empresas parece contradictoria con el discurso de que eran medidas para evitar despidos, y pone de manifiesto el verdadero carácter de los ERTE, a pesar de que se vendieran como un elemento más del denominado escudo social: en realidad, no representan más que otra vía diferente para socializar pérdidas de carácter privado. Es decir, más allá de que permitan maquillar las estadísticas sobre el desempleo, a través de los ERTE el Estado acaba asumiendo costes que corresponden al capital.

Añadidamente, Ferrovial, al igual que las otras grandes constructoras, manipuló durante décadas licitaciones públicas en España y formó parte de diversos cárteles, tal como ha venido denunciando la CNMV en múltiples ocasiones, aunque con escaso éxito².

Como hemos señalado, la legislación en relación con la actuación de las grandes empresas, específicamente sus movimientos internacionales, es prácticamente de barra libre, especialmente a partir de la constitución del mercado único con el Acta Única de 1986. Lo mismo ocurre con la normativa relativa a la recepción de ayudas públicas, que apenas contiene exigencias. El Estado actúa como un auténtico instrumento para favorecer la acumulación del capital, en particular de ciertos segmentos de él, en este caso el de uno de los sectores mimados del capitalismo español, el de las constructoras, que viven en gran medida de la teta del Estado y cuya actuación está relacionada con la especulación inmobiliaria que tanto sufrimiento provoca a grandes sectores de la clase trabajadora.

¿Seguro que no se puede intervenir? ¿Acaso no es posible actuar en favor de la mayoría, que es la clase trabajadora?

Como en muchos otros casos, tal que el de Nissan en 2020, se alega la inevitabilidad de estas fugas de capitales, amparadas en una supuesta libre competencia, que sin embargo no opera en relación con procedimientos como el del reparto de los contratos públicos. En todo caso, no es inevitable. Entre quienes lo alegan se encuentran quienes buscan así tapar su responsabilidad política por no hacer nada. Pero claro que es posible intervenir, en favor de la mayoría, que es la clase trabajadora, siempre que exista la voluntad política de hacerlo. Al menos en dos planos: con carácter inmediato eliminando las ayudas públicas al gran capital, imponiendo condiciones estrictas para la actividad empresarial, incluida la gestión de sus ganancias, las condiciones laborales de su plantilla, etc.

Y más allá de lo inmediato, a través de una política que ponga los medios de producción al servicio de la población, para asegurar que los bienes y servicios elementales ostentan la condición de derechos, garantizando por tanto su acceso al conjunto de la población, y no la de mercancías, que provoca la privación de ellos para sectores amplios. Ponerla al servicio de la población, ¿cómo? A través de todos los medios necesarios, que pueden ser en primera instancia impositivos o regulatorios, pero que en ningún caso pueden excluir su expropiación.

Tal vez se nos diga que estamos impidiendo la libertad de empresa. En ese caso, responderemos que no tenemos ninguna duda en el dilema entre la libertad de empresa y las legítimas aspiraciones de trabajadoras y trabajadores a satisfacer sus necesidades, acordes a lo que su productividad hace posible. Porque, como explicaba Marx en el Discurso sobre el libre cambio, pronunciado el 9 de enero de 1848 en la Sociedad Democrática de Bruselas:

¿Qué es, pues, el libre cambio en el estado actual de la sociedad? Es la libertad del capital. Cuando hayáis hecho desaparecer las pocas trabas nacionales que aún obstaculizan la marcha del capital, no habréis hecho más que concederle plena libertad de acción. Por favorables que sean las condiciones en que se haga el intercambio de una mercancía por otra, mientras subsistan las relaciones entre el trabajo asalariado y el capital, siempre existirán la clase de los explotadores y la clase de los explotados

No os dejéis engañar por la palabra abstracta de libertad. ¿Libertad de quién? No es la libertad de cada individuo con relación a otro individuo. Es la libertad del capital para machacar al trabajador³.

En política económica, da igual el color político del gobierno cuando se somete a las exigencias del capital financiero, vehiculizadas a través de sus organismos (FMI, UE). Pero no se puede decir seriamente que no se puede hacer nada. Se puede hacer todo, si se ponen por delante las reivindicaciones de la mayoría, sin someterlas a ninguna condición. Ésta y no otra es la cuestión.

¹ “Yolanda Díaz recuerda que Ferrovial se acogió a varios ERTE y fue salvada con dinero público español”, en el diario.es (2/mar/2023): www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_9996905_1097859.html.

² El Diario (3/3/2023): “Ferrovial manipuló durante décadas licitaciones públicas de cientos de millones en España”: www.eldiario.es/economia/ferrovial-manipulo-durante-decadas-licitaciones-publicas-cientos-millones-espana_1_10002739.html.

³ En www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/009.htm.

Biden y Putin: discursos simétricos

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Carta Semanal 928 en catalán

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El pasado día 21, el presidente de los EEUU, Joe Biden, pronunciaba un discurso en Varsovia. El día siguiente, ante la Duma (parlamento de la Federación Rusa), Vladimir Putin exponía su discurso del “estado de la nación”. Puede decirse que ambos discursos son simétricos: tanto los EEUU como Rusia declaran su decisión de proseguir la guerra de Ucrania “hasta la victoria final”. Es decir, hasta la destrucción completa de Ucrania. Todo ello al coste de casi mil muertos diarios, de la destrucción de la industria europea y del empobrecimiento de la clase trabajadora de toda Europa.

Biden -que el día anterior hizo una visita sorpresa a Kiev, donde prometió al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, más apoyo-, decía en Varsovia que “Cuando Rusia invadió Ucrania, no era sólo una prueba para Ucrania, sino para todo el mundo. También era una prueba para Europa, para Estados Unidos. Para la OTAN. Para todas las democracias”. Y presume de la unidad conseguida (es decir, de la sumisión de todos los miembros de la OTAN a los intereses de los EEUU): “No tiene que haber ninguna duda: nuestro apoyo a Ucrania será inquebrantable. La OTAN no se va a dividir y no nos vamos a cansar (…) Ucrania se sigue defendiendo contra el asalto ruso. Y nosotros seguiremos ayudándoles cuando haya días amargos y difíciles. Pero Ucrania seguirá luchando. EEUU y nuestros aliados seguiremos ayudando a Ucrania a autodefenderse”. Y Putin responde: “Quiero repetir esto: fueron ellos quienes desencadenaron la guerra, y nosotros usamos la fuerza y la usamos para detenerla”.

Cada uno de ellos habla de las amenazas que supone el otro: Para Biden, existe “una brutalidad extraordinaria de las fuerzas y del ejército ruso. Han cometido atrocidades, crímenes contra la Humanidad, sin vergüenza. Han atacado a civiles con muerte, con destrucción. Han utilizado la violación como arma de guerra. Han atacado a los niños ucranianos y siguen atacando a Ucrania. Hospitales, orfanatos, estaciones de tren… nadie puede mirar hacia otro lado ante las atrocidades que Rusia está cometiendo contra los ciudadanos ucranianos”. Para Putin, “es bien conocido por todos: ningún país en el mundo tiene tal cantidad de bases militares en el extranjero como los Estados Unidos de América. Hay cientos de ellos, quiero enfatizar esto, cientos de bases en todo el mundo, todo el planeta está lleno de basura, solo necesitas mirar el mapa (…) Según los propios expertos estadounidenses, a raíz de las guerras (…) que Estados Unidos desató después de 2001, casi 900 mil personas murieron, más de 38 millones se convirtieron en refugiados”

Ambos presidentes, embarcados en una escalada militar que no parece tener fin, amenazan al contrario. Biden decía “que no haya ninguna duda: el compromiso de EEUU con la alianza de la OTAN y con el artículo 5 es algo tan sólido como una roca. Todos los miembros de la alianza lo saben, y Rusia también lo sabe: un ataque contra uno de nosotros, es un ataque contra todos. Es un juramento sagrado. Un juramento sagrado para defender cada centímetro del territorio de la OTAN”. Y Putin señalaba que “las élites de Occidente no ocultan su objetivo: infligir, como dicen, este es un discurso directo, «la derrota estratégica de Rusia». ¿Qué significa? Para nosotros, ¿qué es? Esto significa acabar con nosotros de una vez por todas, es decir, pretenden trasladar un conflicto local a una fase de confrontación global. Así entendemos todo esto y reaccionaremos en consecuencia, porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país”.

Biden presume de haber eliminado al competidor ruso en la lucha por hacerse con el mercado del gas, diciendo que Putin “creía que podía utilizar la energía como un arma. Pues al contrario: estamos trabajando juntos para ser independientes. Para que Europa sea independiente de los combustibles fósiles de Rusia”. Y, señalamos nosotros, pague el doble por el gas licuado extraído en los EEUU por medio de fracking y transportado a Europa en barcos que liberan miles de toneladas de CO₂. Y Putin responde explicando que la economía rusa ha sobrevivido al boicot y las sanciones, ha buscado nuevos mercados y se propone nuevas inversiones.

Biden acusa a Rusia de atrocidades, y denuncia la “brutalidad extraordinaria de las fuerzas y del ejército ruso”. Y Putin contraataca explicando que “entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Guardia Nacional de Ucrania son especialmente populares los galones de Das Reich, «Dead Head», «Galitzia» y otras unidades de las SS, que también tienen sangre en las manos hasta el codo. Las marcas de identificación de la Wehrmacht de la Alemania nazi se aplican a los vehículos blindados ucranianos”.

Finalmente, ambos recurren a la religión para justificar su escalada militar. Biden dice “que dios os bendiga a todos. Que dios proteja nuestras tropas y que dios bendiga a los héroes de Ucrania y a todos aquellos que defienden la libertad en el mundo”. Putin no se queda atrás en su referencia a la religión: “no dejan de atacar nuestra cultura, la Iglesia Ortodoxa Rusa y otras organizaciones religiosas tradicionales de nuestro país. Ahora, allí, en el frente, luchan combatientes de todas las regiones y rezan en idiomas diferentes, pero todos están unidos por el deseo de ganar por la patria”.

Ni el representante de los intereses de Wall Street ni el defensor de los intereses de los oligarcas rusos van a cesar en la escalada militar del conflicto que mantienen, cuyo motivo no es otro que el control del mercado de las materias primas. No les va a detener la destrucción de Ucrania, la muerte de miles de jóvenes rusos y ucranianos y la ruina creciente de Europa. Sólo los pueblos, con su movilización, pueden parar la guerra. Como en 1914-18. Y como entonces, hay gente que se reclama de la izquierda, pero que se pone del lado del militarismo de sus gobiernos.

Desconcierto total en algunas organizaciones de la izquierda

En particular entre las secciones europeas del antiguo Secretariado Unificado (SU) de Mandel, Krivine, Besancenot: La mayoría han tomado una posición de apoyo de hecho a la OTAN, llegando a movilizarse para que haya más envíos de armas a Ucrania. Lo que les coloca, de hecho, junto a los gobiernos de sus respectivos países.

Hay una pregunta elemental que exige una respuesta: Cómo se puede uno llamar revolucionario o ecologista y apoyar la política de guerra que destruye las principales fuerzas productivas: el hombre y la naturaleza.

Véase, por ejemplo, una hoja del “Comité francés de la Red Europea de Solidaridad con Ucrania” que llama a movilizaciones “en toda Francia”, para “afirmar nuestro apoyo a Ucrania y nuestra oposición a Putin y su guerra criminal”. Entre los firmantes de ese texto, ATTAC Francia, la FSU, Solidaires y el NPA, organización de los partidarios en Francia del SU, así como el órgano de prensa del SU, Inprecor. Forman parte de esa “red europea” varias de las secciones europeas del SU, aunque no la sección española, Anticapitalistas, que mantiene diferentes posiciones sobre la guerra de Ucrania según las regiones.

Según esa hoja, “El único camino hacia la paz es el apoyo a los ucranianos”, y “La vía de la paz pasa, por tanto, por el apoyo a la resistencia ucraniana armada y no armada ¡Sí, armada también!”. Ese apoyo incluye la entrega de armas a Ucrania: “exigimos a Francia que, en lugar de vender armas a las dictaduras ayude seriamente a la resistencia ucraniana, sin hacer subir los gastos militares”. De este modo, los autores de la hoja se sitúan en el mismo campo que Macron, Biden, y la OTAN, por la entrega de armas a Ucrania.

En esa hoja, ni una sola referencia a la OTAN y a su papel en la guerra. Para los que la difunden, la OTAN, en el fondo, debe de estar en el “lado bueno”, en el de los que suministran armas al gobierno de Ucrania.

Todo ello pretenden presentarlo con un tono “progresista” y “solidario”, aunque ¡ay! unilateral. Así, proclaman su “apoyo a los hombres y mujeres que desobedecen en Rusia”, así como su “apoyo al pueblo bieloruso oprimido y a sus sindicalistas independientes”. Pero, claro está, sin ni una sola mención a la prohibición de huelgas y movilizaciones sindicales en Ucrania, ni a las infames leyes laborales de Zelensky, que permiten a las empresas incumplir los convenios colectivos o no pagar los salarios a sus trabajadores, y que eliminan los convenios colectivos en toda empresa con menos de 250 trabajadores.

Más de la mitad de la hoja es un alegato contra el llamamiento internacional contra la guerra y contra otros llamamientos como el de los estibadores de Génova o Sara Wagenknecht, que piden un alto el fuego inmediato. Así podemos leer en esa hoja que “En el primer aniversario de la invasión de Ucrania aparecen llamamientos que dicen ‘Alto a la guerra, alto el fuego inmediato, solución diplomática’. ¿Alto a la guerra? Sí, si Rusia para, no habrá más guerra. Si Ucrania para, no habrá más Ucrania y probablemente habrá más guerras”.

Y añaden: “¿Alto el fuego inmediato? Esto quiere decir que las zonas ocupadas sigan así, así como como la guerra con: terror, deportación de poblaciones, violaciones, secuestro de niños”. Claro, que continuar la guerra, como señala el llamamiento de Sara Wagenknecht, supone que “cada día cueste 1000 vidas suplementarias y nos acerca a una tercera guerra mundial”.

Señala el texto que “la verdadera vía de la paz, es la retirada de las tropas rusas de toda Ucrania”, y que “si Putin gana, no habrá más Ucrania”. Exactamente lo mismo que ha dicho Biden en su discurso de Varsovia: “El presidente Putin eligió esta guerra y que podría ponerle fin fácilmente. Si Rusia dejara de invadir Ucrania pondría fin a la guerra, pero si Ucrania dejara de defenderse significaría el fin de Ucrania”.

Sean cuales fueren las diferencias que tuvimos con ellos en el pasado, debemos desgraciadamente constatar que hoy han dado un paso cualitativo, situándose en el terreno de Biden, Macron y la OTAN.

¡Alto el fuego inmediato!

Las manifestaciones de este fin de semana en toda Europa muestran que el viento está cambiando. Hay que destacar, en especial, las masivas manifestaciones en Alemania desde los más de 50.000 en Berlín a los casi 10.000 en Colonia, convocados por el Manifiesto por la paz de Sahra Wagenknecht y Alice Schwarcer (representante del tradicional movimiento feminista).

Para amplios sectores de trabajadores la prioridad es Alto a la guerra, cese el fuego. Aparecen, también, posiciones “intermedias” que insisten en una “solución diplomática”.

En estas condiciones, hay que redoblar los esfuerzos para dar a conocer y alimentar las movilizaciones contra la guerra en torno al manifiesto que comparten hoy miles de responsables y militantes de cuarenta países. Debemos trascender una nueva etapa en esta batalla, para ayudar a que la movilización popular contra la guerra, contra la política de guerra de cada gobierno, imponga una solución de paz y fraternidad entre los pueblos.

Y, repitamos:

“(…) LA LUCHA CONTRA LA GUERRA ES INSEPARABLE DE LA LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN, CONTRA LA AUSTERIDAD, POR LAS REIVINDICACIONES (…)”

El Ministerio de defensa analiza la guerra de Ucrania

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Carta Semanal 927 en catalán

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El Instituto Español de Estudios Estratégicos, un organismo del Ministerio de Defensa, publica un informe, “Panorama Geopolítico de los Conflictos 2022”, cuyo primer capítulo, firmado por el coronel José Pardo de Santayana, coordinador de investigación y analista principal del Instituto, analiza la guerra de Ucrania.

Destacamos que este estudio proviene de un organismo oficial del propio Ministerio de Defensa, resultando llamativo cómo la política adoptada por el gobierno español no toma en consideración su contenido.

El coronel Pardo explica que “La ‘operación militar especial’ diseñada por Putin para recuperar el control sobre Ucrania ha degenerado en una devastadora guerra de desgaste de resultado y consecuencias imprevisibles”. Y añade que “la contienda, sobre la que se proyecta la sombra de la amenaza nuclear rusa, apunta a un callejón sin salida”. Y que “el daño infligido a la propia Ucrania y a la economía europea en general ya es enorme. Cuanto más se alargue la guerra el problema se irá agravando y dadas las apocalípticas consecuencias de una guerra nuclear entre grandes potencias, incluso una pequeña posibilidad de que ocurra debería hacer reflexionar a todos sobre el derrotero al que podría dirigirnos este conflicto”. Sigue leyendo →

La polémica sobre la Ley del “sí es sí”

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Carta Semanal 926 en catalán

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Una fuerte polémica se ha levantado a raíz de las reducciones de condena y las liberaciones anticipadas en aplicación de la reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como “ley del solo sí es sí”, que amplía el contenido de los delitos de agresiones sexuales y disminuye las penas mínimas en algunos casos. La aplicación de la ley ha llevado a numerosas reducciones de sentencias por violación o abusos sexuales, aplicadas por los tribunales. Hasta ahora, se cuentan cerca de 400 casos, y se calcula que en una de cada cuatro sentencias por estos motivos está siendo reducida la condena.

Los partidos franquistas y los medios de comunicación más potentes han arremetido contra la ley y contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, inspiradora de la misma. La ministra, por su parte, se ha negado obstinadamente a corregir la ley. Finalmente ha sido el propio PSOE quien ha presentado una proposición de ley para modificar la ley del sólo sí es sí, y el PP – con la intención de azuzar el enfrentamiento entre los socios del gobierno de coalición- ha anunciado su apoyo a la propuesta del PSOE.

Hemos de dejar clara una primera cuestión: la polémica nada tiene que ver con los derechos de las mujeres, sino con la naturaleza del régimen y el papel del poder judicial.

Un aparato judicial enemigo de las mujeres y de sus derechos

No cabe la menor duda del deseo de aparato judicial de boicotear cualquier medida que suponga avanzar en derechos para las mujeres, para la clase trabajadora o para los pueblos del estado. De la misma manera que ha avalado todas las reformas laborales, todos los recortes aplicados a los empleados y empleadas públicos y todos los recortes de derechos. Basta con señalar una cuestión: esos mismos jueces que tardan años en dictar una sentencia han revisado y reducido 400 en apenas 5 meses.

Ahí está el nudo de la cuestión, en la propia naturaleza del aparato judicial español, un poder ultrarreaccionario, heredado del franquismo sin depuración alguna y que, por tradición, es enemigo de todo progreso y de los derechos de las mujeres. Hay que recordar los cientos de actuaciones judiciales que durante años cerraron los ojos ante los malos tratos y agresiones machistas y cómo los jueces animaban a las mujeres maltratadas a retirar las denuncias y “sufrir en silencio”. Porque, en el fondo, muchos opinan como el juez al que se le escapó, cuando creía que tenía el micrófono cerrado, llamar “bicho” e “hija de puta” a una mujer que denunciaba actos de violencia de género. Tan reaccionarios que no dudan en algo tan miserable poner en libertad a un violador con tal de atacar al gobierno.

Del mismo modo, hay que destacar las actuaciones bochornosas de decenas de jueces que, en casos de agresión sexual o de violación, insistían en preguntar a la mujer por la longitud de su falda o la profundidad de su escote, o consideraban como determinante tener en cuenta las horas en que transitaba por la vía pública o si había bebido o no. O el voto particular de uno de los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra que, en la violación múltiple cometida por los energúmenos de la Manada, veía actos consentidos en “un ambiente de jolgorio y regocijo entre todos ellos”, incluida la víctima.

Al margen de los límites de la ley del “sí es sí”, ésta trataba de establecer que la cuestión a determinar es si ha habido o no consentimiento expreso de la mujer ante un acto sexual, para determinar si se trata de una agresión sexual.

Recordemos otro hecho: casi todas las condenas por agresión sexual o violación reducidas por los jueces en aplicación de la ley sólo sí es sí lo han sido porque en su sentencia se les aplicaba a los violadores la pena mínima prevista (y, al bajar ahora la pena mínima, eso puede llevar a revisar la sentencia según el principio penal de que se aplica un cambio legislativo cuando es más beneficioso para el reo). Por tanto, hay que constatar que, al menos, en una de cada cuatro sentencias por violación los jueces han aplicado la pena mínima prevista. Parece que a sus señorías les parecía excesiva la pena prevista en el código penal contra los violadores y abusadores, y procuraban irse a la pena mínima.

Ahora, ese mismo aparato judicial ha actuado contra la nueva ley, reduciendo las sentencias que ya antes consideraba “excesivas”.

Las instituciones heredadas del franquismo, contra todo progreso

En los pactos de la Moncloa y los acuerdos que llevaron a la constitución del 1978, los dirigentes del PCE, del PSOE y de algunas de las organizaciones “nacionalistas” aceptaron mantener lo esencial del aparato de Estado del franquismo, bajo la presidencia de Juan Carlos de Borbón, el heredero designado por Franco. El Rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62 de la Constitución), y las sentencias de los tribunales se dictan “en nombre del Rey” (art. 117 de la Constitución). Se mantuvo, por tanto, el aparato represivo, el aparato judicial, el ejército… se respetaron las fortunas amasadas bajo el franquismo (incluso las edificadas sobre el trabajo esclavo de los presos), se dejaron impunes todos los crímenes franquistas.

Con estas instituciones, que conservan enormes poderes, se pretende convencernos de que es posible llevar a cabo una política progresista. Y luego pasa lo que pasa, como en el caso de Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por el Parlament y las Cortes, ratificado por el pueblo catalán en referéndum… y anulado por un puñado de jueces reaccionarios.

Los dirigentes de los partidos “de izquierda” que viven en las instituciones del régimen se quejan de lo que se llama lawfare, la persecución del aparato judicial contra políticos de izquierda. Y tienen razón en hacerlo: son numerosas las actuaciones judiciales contra Podemos, anunciadas y coreadas en la prensa, que luego se quedan en nada por falta de pruebas. Así ha sido Mónica Oltra expulsada del gobierno valenciano. Así han estado durante 10 años procesados por corrupción dos concejales de IU de Sevilla, para que la Audiencia Nacional establezca al final que no había ninguna prueba que justificara su procesamiento. Encima, con sus “códigos éticos”, que establecen -contra la presunción de inocencia- que la mera imputación debe llevar a la dimisión del afectado, las organizaciones ponen en bandeja a cualquier juez facha la posibilidad de expulsar de su puesto a cualquier electo de la izquierda.

Hay que acabar con las instituciones del franquismo, traer la República

La ingenuidad de Irene Montero y de muchos de sus defensores es olvidar la existencia de ese poder judicial, que va a obstaculizar y, si puede, impedir, cualquier avance social o en beneficio de la mujer, de la mayoría trabajadora o de los derechos de los pueblos. Pretender poner una vela a dios y otra al diablo, gobernar respetando las instituciones reaccionarias heredadas, legislar como si este poder judicial no tuviera enormes poderes.

Todo verdadero avance, incluso la defensa de los derechos conquistados y ahora cuestionados, exige dar pasos para acabar con la herencia franquista. Los derechos sólo van a estar plenamente garantizados acabando con el régimen, trayendo la República.

Acerca de la movilización en Francia contra la reforma de las pensiones

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Carta Semanal 925 en catalán

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En esta carta semanal reproducimos -con algunos cometarios- un artículo de Pierre Valdemienne, publicado en Informations Ouvrières nº 724, del 1 de febrero, a modo de balance de las últimas manifestaciones celebradas en distintas ciudades de Francia contra la propuesta de reforma del sistema de seguridad social impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron. Una reforma que el gobierno francés tilda de “necesaria”, cuando, al igual que en España, la caja de la Seguridad Social en Francia es autosuficiente, si no fuera -en Francia- por los miles de millones de exenciones de cotizaciones empresariales decididas por los diversos gobiernos, con la excusa de “crear empleo”, y financiadas por la propia caja del sistema de jubilación. Y en España por la derivación de fondos para “gastos impropios” (de ahí la exigencia de auditoría de la caja de la Seguridad Social levantada por la COESPE).

Justo es señalar que al día siguiente al 1 de febrero más de un millón de trabajadores ingleses de diversos sectores sanidad, enseñanza, transportes se manifestaron y fueron a la huelga por aumentos de salarios y contra los gastos militares. Un verdadero renacer de la clase obrera británica después de los negros años de la época de Thatcher. Sigue leyendo →

Misiles o pensiones

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Carta Semanal 924 en catalán

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Con este sugestivo título un periodista de La Vanguardia (Barcelona, 23 de enero) resumió la situación de Francia. Cuatro días antes, el jueves 19 de enero, la clase obrera francesa se había levantado con sus organizaciones contra la reforma de las pensiones, y el presidente Macron anunció un día después desde la base aérea de Mont de Marsan que la nueva Ley de Programación Militar (2024-2030) preveía un gasto de 413 000 millones de euros. O sea un aumento de un 35 por ciento en relación con el presupuesto actual. Cantidad cualitativamente superior al supuesto déficit del presupuesto de la Seguridad Social, supuesto porque el cálculo real de las cuentas de la Seguridad Social da que a este sistema está bastante equilibrado. Lo que está en juego no es una cuestión contable es una cuestión política de fondo. Al iniciarse la guerra de Ucrania los dirigentes del Medef (la patronal francesa) ya habían declarado que era necesario gastar en “defensa” como algo prioritario y por tanto que había que echar mano del tesoro de guerra de la clase obrera francesa, la caja de las pensiones.

Desde que fue elegido en 2017 Emmanuel Macron fijó como una de las prioridades la reforma de la Seguridad Social, continuando la política del presidente socialista Hollande que había impuesto una reforma del Código del Trabajo.

La reforma Macron implicaba liquidar el sistema de reparto e imponer un sistema de puntos, o sea de capitalización individual. Incluye desmantelar los 42 regímenes especiales (esta reforma fracasó cuando la movilización que tuvo su culmen el 5 de diciembre del 2019, con una huelga generalizada, fue abandonada en marzo de 2020, en plena pandemia). Regímenes que determinan las condiciones de jubilación de los diferentes sectores de trabajadores en función de las condiciones de trabajo, su punibilidad o riesgo. Estos regímenes especiales fueron un producto de la lucha de clases particular en el periodo revolucionario que se abrió en los años 1944-46 después de la derrota del nazismo y la entrada en acción de la clase obrera. El propio sistema público de la Seguridad Social, como otras medidas de este tipo fue el precio que la burguesía francesa tuvo que pagar para mantener el poder político y reconstruir el Estado burgués (con la colaboración en particular de las direcciones del PCF y la CGT). Desde entonces la burguesía francesa y los gobiernos, con la colaboración de las direcciones del PCF y del PS, han intentado “reformar” este sistema.

Para el capital financiero, en crisis, es una cuestión esencial apropiarse del dinero de la clase obrera, el salario diferido,.

En la elección de 2022 Macron volvió a la carga, pero no hay que olvidar que ganó las elecciones, no por su programa sino por la campaña en contra de la extrema derecha, después de que varias candidaturas de división como las del PCF impidieran que Jean Luc Mélenchon pasara a la segunda vuelta. Lo cual no impidió que en las elecciones legislativas de junio de 2022 los candidatos de la coalición organizada por Mélenchon fueran los más votados. El resultado es que por primera vez en la historia, la lista del presidente NO es mayoría en la Asamblea Nacional, y Macron se ve obligado a utilizar el articulo 49,ter para que se aprueben las leyes sin debate (artículo que muestra el carácter bonapartista del régimen de la V República).

Hoy la reforma se concreta (acaba de ser aprobada en el Consejo de Ministros y pasa al parlamento) en aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, aumentar de 42 a 43 los años para tener la jubilación al 100 por cien y empezar a desmantelar los regímenes especiales.

¿Cómo se expresa la resistencia?

Desde que, en mayo de 2022, Macron anunció la necesidad de la reforma, se formó un frente sindical unitario en contra. Nueve sindicatos, desde la CGT y FO hasta los sindicatos de cuadros, los cristianos y amarillos (CFTC y CFDT ) se pronunciaron en contra de la reforma. Y anunciaron movilizaciones si la reforma se presentaba a aprobación.

En enero de este año volvieron tambien a surgir los “chalecos amarillos”, sin duda no con el mismo impacto porque TODAS las organizaciones sindicales aparecían unidas dando en cierta medida confianza NO solo a la clase obrera sino a todos los sectores medios oprimidos y explotados por el gran capital por medio de la inflación desbocada (incluso el gremio de panaderos se manifestó el 23 de enero contra los precios de la energía).

Cuando Macron anunció que el Consejo de Ministros del miércoles 25 de diciembre iba a dar salida al proyecto de ley, la coalición sindical llamó a una jornada de huelga para el 19 de enero. El resultado de la huelga y las manifestaciones fueron más importantes que en 2019.

Estas organizaciones en la tarde del 19 se reunieron y comunicaron la necesidad de continuar la movilización, realizar asambleas y hacer una nueva jornada de huelga y manifestaciones el 31 de enero.

Las organizaciones sindicales de los jóvenes estudiantes llaman desde el 30 de enero a bloquear los centros de estudio y participar en las manifestaciones de los trabajadores y sus sindicatos.

Paralelamente La Francia Insumisa (sin el apoyo del PCF, del PS ni de los Verdes) llamó a una marcha a París el 21 de enero como complemento y en apoyo a la huelga convocada por los sindicatos. Este llamamiento se hizo a partir de la convocatoria de NUEVE organizaciones juveniles que tomaron la iniciativa. En efecto la participación de los jóvenes en esta manifestación fue notoria.

En cierta medida La Francia Insumisa aparece como el referente político de la mayoría social. En La Francia Insumisa participan codo con codo los militantes de la Cuarta Internacional organizados en el Partido Obrero Independiente.

Toda esa movilización y resistencia ha creado o acentuado la crisis política del régimen y sus partidos. La derecha está dividida e incluso en el partido de Macron (que se llama de centro) hay voces que se pronuncian contra la reforma de las pensiones. La extrema derecha de Marine Le Pen, muy ausente del escenario político, también se ve obligada a pronunciarse contra la reforma.

¿Cuál será el resultado? El resultado lo dará la movilización en curso, pero a nadie se le escapa la importancia internacional y europea de esta movilización y su efecto directo en países como España donde el gobierno está empeñado en el mismo tipo de reformas.

Consideramos necesario interpretar el contenido de fondo de lo que se juega en Francia. Por ello publicamos el artículo de Marc Gauquelin en Informations Ouvrières 741 del miércoles 24 de enero.

Se ha abierto un nuevo período

El hecho de que dos millones de trabajadores y ciudadanos respondieran el 19 de enero con huelgas y manifestaciones al llamamiento de las confederaciones sindicales unidas, revelando el verdadero equilibrio de fuerzas entre las clases, marca un punto de inflexión en la situación en este país.

Macron puede agitar, disfrutar del descanso del general en jefe en Mont de Marsan, encargar a su ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, que declare al Journal du Dimanche: “Con esta reforma, no habrá perdedores” (22 de enero). Puede presentarse, junto con Olaf Scholz, como garante de la “soberanía europea”… Pero ya no tiene control sobre los procesos en curso en las profundidades de la sociedad.

En la noche del 19 de enero, todos los participantes (sindicalizados, no sindicalizados, trabajadores públicos y privados, jóvenes…) sintieron lo mismo, el inmenso poder de los trabajadores reunidos en unidad para exigir la retirada pura y simple de la reforma de las pensiones. Un sentimiento reforzado 48 horas después por la marcha del 21 de enero en París, iniciada por organizaciones juveniles y apoyada por LFI. Un sentimiento de confianza en su capacidad que ha conseguido lograr y preservar la unidad de sus organizaciones poniendo a su alcance manos el abandono de su proyecto por parte del gobierno.

Este gobierno, socavado por la pérdida de su mayoría en la Asamblea Nacional, aislado de la mayoría de la población, está multiplicando los signos de debilidad. Nunca se ha mostrado tan inseguro sobre el futuro.

Para estos millones de trabajadores y ciudadanos que se pusieron en marcha el 19 y 21 de enero y que ya están comprometidos en la preparación de la jornada de huelga y manifestaciones del 31 de enero, la cuestión de cuáles son las formas de acción capaces de ampliar y profundizar aún más el movimiento está en el centro de todas las preocupaciones.

Como lo está la cuestión de las formas de organización necesarias para garantizar el marco de la unidad de las organizaciones de clase indispensables para la unión de las masas. En esta lucha, hasta el final, para hacer que Macron retroceda en las pensiones es donde se forjan las herramientas y se forjan las relaciones políticas que llevarán a dar un paso más e integrar en su lucha la dimensión de la lucha para acabar con este gobierno. En este sentido, el día 19 de enero, con sus dos millones de huelguistas y manifestantes, cierra un período para abrir otro, devolviendo a la clase obrera su lugar como elemento central de toda la situación.

Un período que inevitablemente avanzará hacia la confrontación con el poder bonapartista de Macron, para abrir paso a un resultado acorde con los intereses de la población trabajadora y el respeto de los principios de la democracia.

El CATP en la lucha contra la guerra

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Carta Semanal 923 en catalán

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Pronto se cumplirá un año desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania (la guerra en la región se inició, en el Donbás, en 2014). Un año en que la guerra ha traído la muerte de miles de jóvenes rusos y ucranianos, la destrucción de Ucrania, la miseria creciente para la población trabajadora de toda Europa, aplastada por la subida de los precios de productos de primera necesidad, la destrucción de buena parte de la industria europea. Y los dirigentes de los EE.UU. y la OTAN defienden la continuación de la guerra “hasta la victoria total” de Ucrania (que supondrá la destrucción total de buena parte de su territorio).

En todo este tiempo, los militantes y organizaciones que participan en el CATP han luchado por ganar más compañeros y agruparlos para el combate contra la guerra. Sigue leyendo →

Ante el intento de golpe de Estado en Brasil

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Carta Semanal 922 en catalán

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En las elecciones presidenciales de Brasil, celebradas en octubre de 2022, Lula, candidato del partido de los Trabajadores (PT) venció con un 50,9% de los votos frente al 49,1% de Bolsonaro (dos millones de diferencia). Pero el ultraderechista, que había hecho campaña denunciando que iba a haber un fraude en las elecciones, nunca ha aceptado plenamente los resultados.

Recordemos que quien sí llegó a la presidencia por medio de actuaciones fraudulentas fue el propio Bolsonaro, hace cuatro años, cuando el aparato judicial impidió que se presentara Lula como candidato (las encuestas le daban como ganador), por supuestos delitos de corrupción (Lula fue incluso condenado, sin ninguna prueba real, pero la condena fue posteriormente anulada).

Siguiendo a Bolsonaro, muchos de sus partidarios no han reconocido el resultado de las elecciones presidenciales. Han protagonizado cortes de carreteras, paros patronales, y otras medidas. Y han multiplicado los llamamientos a que el ejército interviniera para impedir la toma de posesión de Lula.

A pesar de todo, Lula tomó posesión como presidente el pasado 1 de enero, acompañado por cientos de miles de manifestantes. Sigue leyendo →