Ante la ofensiva de desindustrialización, organizar la lucha contra los despidos

Carta Semanal 811 en catalán

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En abril de este año publicábamos una Carta Semanal con el título “Cuando pase esto van a cambiar muchas cosas”, en la que señalábamos cómo la lógica del capitalismo y las normas de la Unión Europea se oponían a las promesas de recuperar la industria y poner fin a los recortes.

Los hechos han confirmado lo que decíamos entonces. Estamos viviendo, aprovechando la pandemia, una oleada de desindustrialización, sólo comparable a la emprendida por el gobierno de Felipe González para preparar la entrada en la Unión Europea. González y su ministro Solchaga que declaraba que era positivo que España se convirtiera en un país de “servicios” en nombre de la entrada en el MCE (Mercado Común europeo hoy Unión Europea) en 1986. Esta nueva desindustrialización afecta a todos los sectores. Esta oleada hoy, se desarrolla en paralelo al desmantelamiento de los servicios públicos, las “ayudas” para su privatización, y a un nuevo plan de destrucción de empleo en la banca que supone la pérdida de entre 15.000 y 20.000 empleos. Por ejemplo la supuesta ayuda a la sanidad con fondos europeos ,que aconseja el FMI se intenta orientar a la “colaboración público-privado”, o sea, a la Sanidad privada.

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La crisis (artificial) migratoria

Carta Semanal 810 en catalán

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Cuando escribimos esta carta, ha llegado a haber cerca de 2500 inmigrantes  hacinados, durmiendo en el suelo y al aire libre, en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), adonde las patrulleras de la Guardia Civil conducen a los inmigrantes que intentan llegar en pateras a Canarias. El lunes pasado, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, decía en una entrevista en Antena 3 que en el muelle de Arguineguín [los migrantes] no están nunca más de 72 horas porque pasan al régimen de acogida”, una afirmación que se han apresurado a desmentir la alcaldesa de Mogán, Analia Bueno; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; la presidenta en Europa de la organización Human Rights Watch, Judith Sunderland; el  Colegio de Abogados de Las Palmas y el propio juez del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), Arcadio Díaz, que explica el caso de siete migrantes que estuvieron 24 días en el muelle “con la misma ropa”. La alarma se instala en la población, porque actualmente hay casi la misma gente en el muelle de Arguineguín que en todo el pueblo.

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El gobierno quiere prorrogar un año el tratado que regula las bases de Rota y Morón

Carta Semanal 809 para descargar en PDF

Carta Semanal 809 en catalán

En El País del 11 de noviembre, Miguel González nos explica que, aunque el “convenio de Defensa” con los EE.UU. vence el próximo 21 de mayo, tras ocho años de vigencia, el Gobierno español ya ha decidido prorrogarlo por un año, “para dar tiempo a que la nueva Administración demócrata, presidida por Joe Biden, se forme y defina sus líneas políticas”.  Ese “convenio de defensa” permite la cesión de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) a los EE.UU., sin ningún control por parte del gobierno español sobre la equipación de esas bases. Ni siquiera se puede saber si albergan o no armas nucleares. Comenta el artículo que “tampoco el Gobierno tenía otra alternativa pues, de haber llegado al 22 de mayo sin un convenio en vigor, se habría iniciado el plazo de un año para que EE UU retirase sus tropas de España”. Una situación que, sin duda, habría añadido presión a los EEUU en la renegociación del convenio, pero que el gobierno ha decidido evitar.

Nadie espera que la administración Biden vaya a cambiar su política con respecto a las bases militares ni a la exigencia de que los “aliados” incrementen su gasto militar. De hecho, el proyecto de PGE incluye un aumento del 5% en el gasto militar, como señalábamos en la Carta Semanal de la semana pasada.

La política exterior de un gobierno es una buena muestra de su política en general; hay una relación estrecha entre este “regalo” al “nuevo ” presidente americano y la tonalidad general de los presupuestos, que no responden a los intereses de la mayoría(ver anterior carta). A nosotros NO nos guía otro interés que el de la mayoría social, y en ningún caso creemos que “cuanto peor, mejor”. Todo aspecto positivo merece el apoyo de los trabajadores, por tanto el nuestro. Pero cómo es posible dar la espalda a lo que ha sido tradicionalmente una de las mejores tradiciones de los trabajadores y los jóvenes de nuestro país, la lucha contra la guerra. Estamos convencidos de que coincidimos en esto con la inmensa mayoría de los compañeros del PSOE y de Podemos, con IU, cuestión que sin duda les llevará a reflexión. Sigue leyendo

Ante la gravedad de la situación, ¿estos presupuestos son los que necesita la mayoría?

Carta Semanal 808 para descargar en PDF

Carta Semanal 808 en catalán

El pasado 28 de octubre el gobierno presentó, en el Congreso, la propuesta de presupuestos para el año 2021. Con toda pompa los calificó de “históricos” y Sánchez en particular declaró que “son unos presupuestos progresistas y son los presupuestos que nuestro país necesita”. Se trata de meras declaraciones cuya credibilidad es muy débil a los ojos de los trabajadores, después de las numerosas promesas incumplidas, así como su falta a la verdad en anuncios como el de marzo, de que habían prohibido los despidos. Y lo que importa son los hechos, de modo que vamos a ellos.

Caratula_808Ninguna medida de política económica puede evaluarse seriamente de forma desconectada del marco en el que tiene lugar. Por eso, para evaluar el alcance y significado de estos presupuestos debe considerarse, antes de nada, el contexto social actual. Como hemos explicado numerosas veces en nuestras publicaciones, la pandemia, su brutal magnitud, no cae del cielo, no es un hecho externo a la grave crisis capitalista que se arrastra por mucho tiempo, por más que permaneciera más o menos latente en los últimos años. Al contrario, la pandemia en toda su extensión es el resultado de esta crisis y las políticas que la acompañan: privatización y desmantelamiento de los servicios públicos, precarización laboral, investigación no orientada a las necesidades de la mayoría sino al interés de los negocios privados, etc. Por eso un simple patógeno respiratorio provoca la barbarie que padecemos y que hace aflorar la crisis latente, disparándola. Y ni siquiera ante esta situación tan grave el gobierno central y los autonómicos han revertido los recortes con un verdadero plan de choque adecuadamente financiado.

Unos presupuestos que vienen en un momento dramático

Para resumir muy brevemente la situación, digamos que los muertos se cuentan por decenas de miles y los desempleados por millones.
En el terreno sanitario es el resultado de esas políticas que, por ejemplo, reducen el 8% las camas hospitalarias entre 2005 y 2019 (de 365 por cada 100 000 habitantes a 337). En la Comunidad de Madrid se cerraron casi 3 000 camas y se despidió a 3 200 trabajadores de la sanidad pública, además de disparar la precariedad laboral. Más de la mitad del gasto sanitario se ha desviado a empresas privadas -tanto conciertos como hospitales privatizados-, en donde anida la financiación ilegal del PP. A escala estatal sólo en el periodo 2010-2013 se redujo el presupuesto sanitario en un 12%. Al mismo tiempo, la pandemia ha evidenciado enormes déficits en la enseñanza y el transporte público. Sigue leyendo

Sobre las elecciones de Bolivia

Carta Semanal 807 para descargar en PDF
Carta Semanal 807 en catalán

Publicamos este documento elaborado por camaradas latinoamericanos en que se establece un análisis claro de cómo se enmarca la situación de Bolivia en el contexto continental en vísperas de las elecciones en los EEUU.


La resistencia de las masas al golpe vuelve a llevar el MAS al poder

Hace un año, después de acciones violentas de la derecha y motines de policías contra un pretendido “fraude” en las elecciones que daban la victoria a Evo Morales para un cuarto mandato en Bolivia, el alto mando de las FFAA “sugirió” la renuncia del presidente y de su vicepresidente, Álvaro Garcia Linera, para evitar un “baño de sangre”.

Vale recordar que también la dirección de la COB (Central Obrera Boliviana) pidió al “compañero Evo” que renunciara para evitar la “guerra civil”. La OEA, una agencia del imperialismo de EEUU, llamada a supervisar las elecciones por Evo, tuvo un papel decisivo al publicar un relato indicando “irregularidades” en las mismas. Evo Morales y García Linera renunciaron y salieron de Bolivia rumbo a México, mientras en El Alto y otras regiones del país, las movilizaciones de indígenas y trabajadores se enfrentaban con una brutal represión con decenas de muertes, coreando “Evo, no estás solo”.

Desde el exilio mexicano y después desde Buenos Aires, Evo y Linera siguieron dirigiendo el MAS, denunciando el rol de la OEA en el golpe. La senadora derechista Jeanine Añez asumió la presidencia interina, violando la Constitución (emanada del primer mandato presidencial de Evo) y con la omisión de diputados y senadores del MAS, que tenía mayoría en las dos cámaras del parlamento.

Evo y Linera siempre orientaron el MAS y su base popular a “tener paciencia” y esperar nuevas elecciones, aceptando la prohibición de los golpistas de que ellos fuesen candidatos. Cambiando inclusive el  primer candidato anunciado por el MAS –un joven cocalero de Chapare (bastión de Evo)– por Luis Arce, su “moderado” ministro de Economía, teniendo como vicepresidente a David Choquehuanca (excanciller de Evo, que fue el único presidente “progresista” que acudió a la toma de posesión de Bolsonaro en Brasil).

El hecho indiscutible es que las masas populares y la clase obrera –a pesar de su posición inicial, la COB  participa en la resistencia al golpe– derrotaron en las urnas, en primera vuelta (55% de los votos para Arce) a Carlos Mesa  (29%, centroderecha), Luis Fernando Camacho (el “Bolsonaro boliviano”, 14% votos), con la retirada de otros dos candidatos que apoyaron el golpe, Dorian Medina y Tuto Quiroga, contra Evo y el MAS.

La victoria electoral de Luis Arce es debida no a la “táctica genial” de Evo –como dicen los miembros del Foro de São Paulo, al cual pertenece el MAS– ni tampoco a las teorías de “capitalismo andino” y “plurinacionalidad” de Linera. Fue la resistencia de las masas populares y trabajadoras de Bolivia, resistencia abandonada por sus líderes principales en el momento del golpe, pero que se mantuvo,  incluso durante la pandemia. Se debe a los indígenas, mineros, fabriles, maestros que no aceptaron el golpe promovido por  una oligarquía racista –menos del 20% de la población boliviana es “blanca”, privilegiada con la propiedad de las minas y el agronegocio, apoyada por los milicos y el imperialismo de EEUU.

La victoria en la primera vuelta de Arce se explica también por la división de las candidaturas de derechas –cada una representaba intereses oligárquicos regionales, solo unidas en la sumisión al imperialismo– y por la crisis del sistema y del gobierno Trump en EEUU, acelerada por la explosión social en medio de la pandemia (“Black lives matter”) y en vísperas de las elecciones del 3 de noviembre.

Un detalle, que puede tener consecuencias, si recordamos la inminencia de secesión que hubo en el primer gobierno Evo (2006-09): Carlos Mesa ganó en dos departamentos de los 9 de Bolivia, Tarija y Beni, mientras que Camacho ganó en Santa Cruz, importante por el agronegocio e históricamente separatista (cambas X collas[1]) respecto del altiplano occidental. Santa Cruz tiene hoy un estatuto de autonomía –negociado con el MAS en la Asamblea Constituyente (2009)– muy amplio.

 ¿Y ahora?

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Ante el nuevo Estado de Alarma

Declaración del Comité Ejecutivo del POSI (descargar en PDF)

29 de octubre de 2020

Incapaces de frenar la expansión incontrolable de la pandemia de COVID-19, los gobiernos autonómicos y el gobierno central se han puesto de acuerdo para declarar un nuevo Estado de Alarma, con nuevas restricciones de movilidad y recortes de derechos y libertades. Y nada menos que para seis meses. Una imposición que muchos desconfían de que sea eficaz contra el virus a falta de otras medidas, pero que va a profundizar gratuitamente la ruina económica y a sumir aún más en la miseria a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que han agotado su ERTE o que se han quedado en paro.

No era algo inevitable y había que evitar hacerlo así

Nos presentan cómo inevitables los nuevos confinamientos. Puede que ahora lo sean (si fuesen acompañados de otras medidas), pero, desde luego, podrían haberse evitado si durante los 99 días de confinamiento y los primeros meses de la llamada “nueva normalidad”, los gobiernos hubieran tomado las medidas necesarias, como reforzar la Atención Primaria, contratar y formar rastreadores para identificar y aislar los contagios del virus, reforzar el transporte público para que la clase trabajadora no tenga que acudir al trabajo hacinada, adaptar los centros de trabajo para que no se conviertan en lugares de contagio, contratar profesores y construir o adaptar aulas para permitir centros de estudio presenciales y seguros, reforzar y adaptar los centros geriátricos, y demás medidas que hoy hasta un niño puede recitar, pero que no se han puesto en marcha.

Nada de eso se ha hecho. Y ahora, otra vez, los gobiernos dicen que hay que tomar medidas de urgencia, “inevitables”, sin acompañar a medidas sanitarias urgentes. Hace 15 días un decreto-ley imponía medidas de urgencia en la sanidad, que permiten aplicar la movilidad forzosa de médicos y enfermeros, dentro del hospital, o desde Atención Primaria a hospitales de campaña, así como obligar a médicos a trabajar en una especialidad que no sea la suya o contratar a médicos sin especialidad para que hagan de especialistas. Madrid anuncia un nuevo hospital de 1.000 camas cuyas plazas de médicos y enfermeros se pretenden cubrir quitando personal de otros centros sanitarios, en los que ya escasean. Pero, a pesar de que las plantas de hospitales se llenan y las UCI vuelven a ir por el camino del colapso, no se incluye ninguna medida para garantizar que todos los recursos sanitarios existentes se ponen al servicio de la comunidad, incorporando la sanidad privada a la red pública.

Los contagios masivos vuelven a las residencias de mayores, cuyas instalaciones no han sido adaptadas y que siguen teniendo las ratios de personal absolutamente insuficientes que tenían antes de la pandemia.Y que continúan en manos del negocio privado, con una presencia cada vez mayor de multinacionales y fondos buitre. Tanto en la sanidad como en las residencias, ni una medida que pueda poner en cuestión el sacrosanto negocio de sus propietarios.

Todas las medidas adoptadas buscan preservar los intereses de los patronos y las multinacionales. Se restringen los contactos y se limitan los aforos, salvo en las empresas y en el transporte público, donde la población trabajadora seguirá yendo hacinada.

¿De nuevo, medidas restrictivas y represivas?

Incapaces de poner coto a los contagios aplicando medidas sanitarias, de nuevo vuelven a los confinamientos forzados y las medidas represivas. Ya en el primer Estado de Alarma se impusieron más de un millón de multas aplicando la Ley Mordaza, y desde entonces no se ha cesado de intentar criminalizar a la juventud. Ahora de nuevo, serán policías y guardias civiles, cuando no militares.

Lo que sí sabemos es que se imponen nuevas restricciones al derecho de reunión, y que el decreto que declara el Estado de Alarma prevé la posibilidad de prohibir manifestaciones por “motivos sanitarios”.

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¿Por qué esta sentencia y ahora?

Publicado en la Carta Semanal 806 – próximamente ver en catalán

En medio de la polémica sobre la reforma del Poder Judicial, la absolución de Trapero y de la cúpula de los Mossos tiene un alto significado político. De los tres magistrados, 2 votaron a favor de la absolución y uno en contra. Sin embargo, los términos que emplea la Audiencia Nacional son de una claridad meridiana, y hacen muy difícil la apelación aunque el Fiscal  pueda recurrir. Los principales dirigentes del PP han guardado un significativo silencio y solo se ha escuchado el lamento amargo de quien fue Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, criticando veladamente la sentencia al afirmar que Trapero ha sido muy astuto y ha sabido servir a “Dios y al Diablo” y salir bien parado.

Pero la sentencia es muy contundente.

Afirma que los Mossos intentaron evitar el referéndum del 1 de octubre del 2017 y que las acusaciones de la Guardia Civil y del coronel Pérez de los Cobos eran sin fundamento. Además desmiente que Trapero formara parte del plan independentista. Por último, acusa a Rajoy de no utilizar los medios legales para impedir el 1-O, o sea la promulgación de un Estado de excepción o el 155, critica  a la Policía Nacional por el uso excesivo de la fuerza, y reafirma el papel y responsabilidad INSTITUCIONAL de los Mossos, como policía subsidiaria del Estado.
Sin lugar a dudas, la sentencia absolutoria es un doble golpe a los sectores más extremos del aparato de Estado y por otro lado a los partidarios de Puigdemont y a todos aquellos que consideran que “cuanto peor mejor”. Desde el punto de vista político, es una demostración más del caos tremendo y las contradicciones que corroen al aparato judicial, con su cúpula al frente, como parte fundamental del aparato de Estado. La absolución de Trapero se ha conocido después de que hace unos días se haya hecho pública también la sentencia absolutoria de la activista Tamara Carrasco –¡procesada por terrorismo!– y la condenatoria de la Mesa del Parlamento catalán. Podría deducirse que la Justicia es “ciega” e imparcial, pero no es el caso. La imposible conciliación de las aspiraciones democráticas con el aparato judicial  heredado de franquismo, conlleva un alto grado de contradicciones, y al mismo tiempo pretende cerrar las vía de agua abiertas.

Políticamente, la absolución de Trapero y de la cúpula policial de los Mossos, es una operación destinada a intentar parchear la crisis del aparato de Estado, evidentemente sobre la base de NEGAR el derecho de autodeterminación e intentando JUSTIFICAR la condena  a los 9 que están en prisión. Cuando objetivamente su sentencia debería ser reexaminada y proceder a su anulación. Su mantenimiento en prisión es también el mantenimiento de la condena al derecho de autodeterminación, y a todos los derechos.

Por otro lado, es también evidente que la sentencia de Trapero favorece en lo inmediato al GOBIERNO que busca un arreglo con indultos con el objetivo de atraerse a ERC, y también aprobar los presupuestos, tapando las grietas del aparato de Estado. Todo ello, después de la moción de censura de VOX –recibida como agua de mayo por el Gobierno– que ha jaleado la actitud positiva de Casado y del PP, votando “no” (lo que no cierra un pacto con el PP, que no acepta la política de Sánchez). Oportunidad que, por otro lado, no ha desaprovechado el gobierno para intentar recomponer la unidad “constitucionalista” supuestamente contra la extrema derecha. Como si la extrema derecha no fuera constitucionalista!

Hasta cierto punto acosado por el aparato judicial, el gobierno se ha propuesto reformar el Poder Judicial. Reforma que ha quedado paralizada por la propia debilidad del gobierno y porque Bruselas –como no podía ser de otra manera- se ha alineado con el aparato judicial heredado del franquismo. Es otra vuelta de tuerca a lo que se acordó –bajo todo tipo de presiones– durante la llamada transición. Frente a esta realidad no hay otra salida que un cambio radical de régimen. No hay otra salida que la República, que no puede significar solo el cambio de un Rey por un Presidente. La lucha por la República hoy está indisolublemente asociada a encontrar una salida democrática a la cuestión catalana –en lo inmediato la exigencia de amnistía–, a la recuperación de derechos y la reversión de los recortes efectuados en la sanidad y en la educación, así como la derogación de las reformas laborales y de pensiones.

El colapso de la sanidad

(Publicado en la Carta Semanal 805 – veure en català)

El colapso de la Sanidad

Durante años, muchos han dicho que teníamos “la mejor sanidad del mundo”. Aunque lo mismo se decía en Francia, en Canadá, el Reino Unido… Es cierto que tenemos un sistema sanitario universal y prácticamente gratuito. Pero siempre ha habido datos que señalaban que ese sistema sanitario estaba al límite.

La situación límite del sistema sanitario se ponía en evidencia, al menos, por tres cuestiones: las listas de espera cada vez mayores para consultas de especialistas y para intervenciones quirúrgicas, que sacaban a la luz la falta de personal y de quirófanos en los hospitales, la masificación de los centros de salud, que ponía de manifiesto la falta de médicos de familia, pediatras, enfermeros y otros profesionales, y la saturación de las urgencias, que traducía la falta de medios en los centros de salud y la falta de camas hospitalarias. Había cosas que funcionaban, más o menos, en situaciones “normales”, pero la fragilidad del sistema se evidenciaba cada año con la epidemia de gripe, que ponía al límite las urgencias y los centros de salud a la vez.

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Elecciones en Venezuela bajo la amenaza imperialista

(Publicado en la Carta Semanal 804 – veure en català)

Elecciones en Venezuela bajo la amenaza imperialista

La decisión del gobierno del presidente Nicolas Maduro de convocar elecciones legislativas o sea a la Asamblea nacional partió por la mitad a la ya de por sí desprestigiada oposición. En efecto el autonombrado presidente Juan Guadio cuya base real se reduce al apoyo que le dan algunos gobiernos, en particular el de Donald Trump se encontró de pronto aislado cuando Héctor Capriles, que había disputado la presidencia a Maduro en abril 2013, decidió llamar a participar.

Es en esta situación que se publica un informe ,datado del 16 de septiembre de una “Misión internacional independiente ” dependiente del Consejo de derechos humanos de la ONU en el cual se califica a Nicolás Maduro como “genocida”. Informe fue profusamente difundido por la prensa internacional, particularmente de nuestro país en que la derecha franquista está incluso aparentada con la “oposición” venezolana (a la cual debemos añadir al inefable expresidente Felipe Gonzalez conocido por su apoyo al presidente Carlos Andrés Pérez cuando ordenó la masacre del Caracazo en enero del 89). El objetivo político de este “informe” no era más que obligar a TODA la oposición a boicotear las elecciones y así forzar y acrecentar el aislamiento del país y su gobierno.

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